Jueves 02 de octubre de 2014
Ya estuvo a punto de armarla cuando criticó al TC de permitir a los estafadores quedarse con el dinero de la estafa al "absolver" a los Albertos y fue el primero en juzgar los casos de guerra sucia en San Sebastián
Cándido Conde Pumpido siempre ha sido una persona complicada, independiente, muy dueña de sí mismo y a muchos de sus compañeros les extrañaba que no hubiera provocado todavía ningún “conflicto”, como el que ha desatado al declarar que la Policía no colaboraba con los fiscales en los casos de ETA y que prefería hacerlo con el juez Baltasar Garzón, cosa que todo el mundo sabía que es verdad.
Ya estuvo a punto de montarla cuando el Tribunal Constitucional decidió "absolver" -al considerarles prescritos- a los Albertos (Cortina y Alcocer) por el caso de las Torres Kio, expresando su “total, radical y absoluta" discrepancia de la resolución dictada por el TC que impidió la ejecución de la condena del Supremo a "los Albertos", ya que, según dijo, "permite a los estafadores quedarse con el dinero de la estafa".
El tema llegó al punto de que la presidenta del TC, María Emilia Casas, escribió una carta al propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestando de manera formal su malestar por las palabras del fiscal general del Estado. La cosa no quedó ahí porque Conde Pumpido volvió a arremeter contra los altos magistrados recalcando que la postura del fiscal "siempre tiene que estar al lado de los estafados y no de los estafadores, salvaguardando los derechos constitucionales de todos".
Amigo del otro magistrado del Gobierno, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha compartido con éste algunas batallas judiciales como cuando ambos firmaron en 1989 el manifiesto –que luego muchos les han recriminado- para incluir algunas sustancias en el régimen legal del tabaco y el alcohol, y someter otras a la Ley del Medicamento.
También su carácter garantista –procede de una familia de altos juristas: su padre fue también fiscal general del Estado y su abuelo presidente de la Audiencia Territorial de Valladolid- le hizo oponerse en principio a los deseos del PP de ilegalizar a la formación abertzale ANV y apoyar la doctrina del Tribunal Supremo de limitar la intervención judicial a los nombres fichados como miembros de la ilegalizada Batasuna.
Gracias a su sólida formación jurídica, Conde-Pumpido Tourón fue el magistrado más joven en ingresar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a los 43 años. Fue también uno de los once miembros del tribunal que juzgó el secuestro de Segundo Marey, 'caso Marey', y que, junto a otros seis magistrados, votó a favor de que el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera fueran condenados a una pena de diez años de prisión, aunque no permitió, con su voto, que tuviera que declarar el entonces presidente Felipe González.
En abril de 2004, ese fuerte carácter independiente provocó que los magistrados del CGPJ nombrados a propuesta del PSOE rechazaran su candidatura a miembro del Tribunal Constitucional, a pesar de que tanto Zapatero como el nuevo ministro de Justicia Fernando López Aguilar le habían manifestado su apoyo. Los jueces prefirieron a Pascual Sala. En contrapartida, ZP decidió nombrar a Cándido Conde Pumpido Fiscal General del Estado.
El fiscal general fue cofundador con otros dos jueces, Seijas y Perfecto Andrés, del movimiento progresista "Justicia Democrática” y uno de sus primeros destinos profesionales fue San Sebastián, donde llegó en 1981, en plena efervescencia de la guerra sucia contra ETA. Fue uno de los primeros magistrados que condenó a personajes relacionados con los crímenes de Estado, entre ellos al comisario Manuel Ballesteros por el ametrallamiento del bar Hendayais.