El juez del caso Gürtel impone una fianza de casi un millón de euros al diputado madrileño del PP, Martín Vasco

El juez instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

Asimismo, el magistrado ha imputado los mismos delitos y ha decidido mantener en prisión provisional al ex secretario de organización del Partido Popular en Galicia Pablo Crespo, que permanece en la cárcel desde el pasado mes de febrero por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su presunta participación en una trama de corrupción ligada a cargos del PP.

Con la fianza impuesta a Martín Vasco, a petición del Ministerio Fiscal, y que todavía es susceptible de recurso, el juez pretende asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Martín Vasco es el segundo aforado madrileño imputado formalmente en la causa que investiga la supuesta trama de corrupción, dirigida presuntamente por Francisco Correa, y, al igual que hizo la semana pasada el también diputado regional del PP Alfonso Bosch, hoy se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez hasta que se levante el secreto del sumario.

En caso de que Martín Vasco no satisfaga la fianza de 955.000 euros impuesta por el juez, éste podrá acordar el embargo de sus bienes hasta cubrir la citada cantidad.

Según el auto de inhibición del juez Garzón, Martín Vasco se dedicaba a la intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, una de las sociedades vinculadas a la supuesta trama de corrupción de Francisco Correa, de la que presuntamente podría haber recibido 437.176 euros.

La fianza impuesta por el juez a Martín Vasco prácticamente duplica el dinero que, según Garzón, podría haber recibido de la trama.

Por su parte, Pablo Crespo ha declarado hoy ante el juez Pedreira durante dos horas y media en la sede del TSJM, a la que ha sido trasladado en un furgón de la Policía Nacional desde la prisión en la que se encuentra desde el pasado mes de febrero.

A su llegada al tribunal, el ex secretario de organización del PP gallego aseguraba a los medios de comunicación que se encontraba "perfectamente" y "con ganas de declarar".

Crespo era -según las investigaciones de Garzón- junto a Antoine Sánchez -también en prisión-, el número dos de Francisco Correa, que le puso al frente de sus sociedades en España.

Pedreira también ha tomado declaración hoy durante aproximadamente una hora a Adrián Senín, un empleado de la sociedad Orange Market, al que ha imputado igualmente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

Orange Market era la filial en Valencia de la principal empresa de Correa, Special Events, dirigida por Álvaro Pérez, "El Bigotes".

Hasta el momento, el magistrado instructor del "caso Gürtel" en el TSJM ha imputado por los mismos delitos a las nueve personas a las que ha tomado declaración hasta hoy - Martín Vasco, Crespo, Adrián Senin, el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno madrileño, Carlos Clemente, Francisco Correa, el abogado Santiago Lago y los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Enrique Carrasco-.

Por otra parte, la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha afirmado que si los diputados del PP imputados en el caso Gürtel -Alfonso Bosh, Benjamín Martín y Alberto López Viejo- resultan "inculpados", en ese mismo momento deberían entregar su acta y ser suspendidos de militancia.

Sabanés, que ha hecho estas declaraciones después de que el ex portavoz adjunto del PP en la Asamblea Benjamín Martín se haya negado a declarar ante el juez del TSJM que investiga el caso Gürtel, ha reconocido que los tres parlamentarios madrileños "son imputados, pero todavía no han sido inculpados".

"Los que pasen a ser inculpados deben de ser objeto de cese fulminante de todas sus responsabilidades y cargos políticos, incluida el acta de diputado", ha señalado la portavoz de IU, que ha apuntado que entre el momento de la inculpación y la sentencia "puede pasar una legislatura, como ya ocurrió en Madrid con el caso Funeraria y el ex diputado (Luis María) Huete".

A su juicio, el PP tendría que haber "asumido un mayor nivel de responsabilidad desde hace mucho tiempo" en relación a estos tres diputados, aunque sería en el momento en el que fueran "inculpados" cuando "se haría imprescindible que dejaran el escaño".

Sabanés, que ha hecho estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea, ha reiterado su propuesta de que los partidos alcancen un "pacto anticorrupción" de ámbito estatal, similar -ha dicho- al "pacto antitransfuguismo", que incluya la "revisión de las prerrogativas parlamentarias, para no convertir el aforamiento en una excusa para no asumir responsabilidades".

"El aforamiento está para prevenir querellas de tipo instrumental, no para poner a los responsables políticos en una situación de privilegio frente a delitos muy importantes y asuntos muy graves", ha argumentado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha considerado "sorprendente" y "contradictorio" que Benjamín Martín se haya negado a declarar ante el juez, teniendo en cuenta su anunciada intención de "defenderse", y ha sostenido que por "dignidad" el PP debería de haberles pedido sus actas a los tres parlamentarios imputados.

Menéndez ha insistido en que el caso Gürtel es una "trama de corrupción masiva que reúne todo lo peor y que supone un escándalo de primera magnitud que todavía no ha tenido consecuencias desde el punto de vista de las responsabilidades políticas".

"Hubiera sido hora desde hace mucho tiempo de la asunción de responsabilidades políticas por parte de Esepranza Aguirre, que tantas lecciones da de todo. Esperanza Aguirre y su Gobierno deben una explicación a los madrileños y la asunción de responsabilidades. Ya no pueden esperar un minuto más", ha aseverado.

El portavoz del PP, David Pérez, ha replicado que el acta de diputado es "personal" y ha defendido la "presunción de inocencia" de sus tres parlamentarios.

Además, ha criticado que los socialistas pidan al PP que haga "lo que ellos mismos no hacen en su casa" y, en ese sentido, se ha preguntado si el PSOE va a "exigir su acta al alcalde de Pinto".

Pérez ha agregado que es el Partido Socialista de Madrid (PSM) "el que tiene un problema de corrupción endémico y generalizado".

Respecto a los diputados imputados, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha reiterado hoy que será el Comité de Derechos y Garantías del PP el que decida si suspende de militancia a los diputados imputados en el caso Gürtel, como explicó ayer la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal.

El secretario general del PP madrileño ha dicho que se remite a las declaraciones que hizo ayer la secretaria general del partido en este sentido, quien dijo que será el Comité de Derechos y Garantías del PP el que decida si suspende de militancia al diputado en la Asamblea madrileña Benjamín Martín Vasco tras su imputación.

Ha recordado que algunas de las personas supuestamente implicadas en la investigación del caso Gürtel pusieron su filiación a disposición del partido "por si el partido consideraba que debía ser suspendidos de manera cautelar o por un período de tiempo, mientras duraba esta situación".

"En el caso de algún alcalde eso fue aceptado por el Comité de Derechos y Garantías del partido", ha destacado, en referencia al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero.

Granados ha matizado que en lo que se refiere al acta de diputado, se trata de una "decisión personal", ya que el acta "es propiedad del diputado", y por lo tanto en este sentido "nada tiene que decir el partido y ni siquiera el grupo parlamentario".