Jueves 02 de octubre de 2014
El conflicto de Caja Madrid ha dejado de ser un episodio de esa lucha interminable que mantienen Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, para convertirse, merced al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Zapatero contra la Ley de Cajas del Ejecutivo regional, en una patata caliente para Mariano Rajoy, al que hábilmente ZP ha colocado en la encrucijada de sí poner más plomo en las alas de la presidenta madrileña (algo que haría guardando silencio sobre el recurso ante el Constitucional), o si, por el contrario, planta cara a la sorpresiva ofensiva desatada por el inquilino de La Moncloa contra la lideresa popular a costa, eso sí, de los intereses del alcalde capitalino. Con un sólo movimiento, que Rajoy debería haber leído entre líneas cuando desde la tribuna del Congreso el presidente del Gobierno vino a decirle que, ante su incapacidad, el PSOE le ayudaría a resolver la dicotomía de la Caja madrileña, Zapatero ha vuelto a intentar situar al PP en esa guerra de guerrillas interna que los populares parecían haber enterrado tras los resultados electorales de Galicia y el País Vasco. De momento, el inquilino de La Moncloa ha conseguido que en Génova se escuchen dos voces bien distintas (cierto que ninguna de Rajoy): por una lado, la de Alberto Ruiz Gallardón jaleando la inesperada ayuda que le ha brindado el Ejecutivo, y, por otro, la de Cristóbal Montoso, (el pacificador designado por el líder del PP para aunar los intereses capitalinos y regionales), calificando de “provocación intolerable” e “injerencia” el recurso del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Caja Madrid se ha convertido así, no sólo en un tema de Estado, sino en un nuevo foco que alienta las divergen-cias en el seno de un Partido Popular, que lleva semanas buscando una salida al laberinto político en que se ha convertido la cuarta entidad financiera del país. La cruda realidad es que todos, partidos y sindicatos, se juegan mucho en la explosiva batalla que se libra en Caja Madrid. Salarios millonarios y prebendas convertidas en sustanciosos y laxos créditos, a sus miembros y a las siglas que representan, hacen que nadie esté dispuesto a soltar ni un ápice de poder en dicha entidad, cuyos nuevos Estatutos Zapatero cree haber bloqueado con el crochet judicial lanzado a la mandíbula de la lideresa, que, sin embargo, fiel a su estilo se prepara para dar la batalla. Sí desde el entorno del Gobierno existe la convicción de haber paralizado la Ley de Cajas del Ejecutivo madrileño, al menos durante los próximo cinco meses, la valoración que se hace desde la Real Casa de Correos es bien distinta. Tanto que Aguirre estaría dispuesta a seguir con su aplicación, salvo en los dos apartados cuestionados, al parecer, por el Consejo de Estado en su recurso: los referidos a la fórmula para determinar los consejeros generales que corresponden a las Corporaciones Municipales y a los Impositores, y el que hace mención al límite de presencia máximo del 30% que se aplica a los consistorios, tan hiriente para el Ayuntamiento capitalino al reducir de 70 a 24 miembros su representación. Un síntoma inequívoco de que Aguirre, habrá que ver si ayudada o no por Rajoy, quiere continuar la batalla, pese a haber besado la lona dos veces en menos de cuatro días, la primera de ellas, en el round de la Asamblea General de la Caja madrileña, en la que los nuevos Estatutos de la lideresa popular se estrellaron contra 157 votos en contra (Ayuntamiento de Madrid, CC.OO e IU) y 51 abstenciones (PSOE y UGT). Un episodio tras el cual Esperanza Aguirre optó finalmente por mostrar la zanahoria, y no el palo como hasta ahora, a los sindicatos dada su condición determinante, especialmente Comisiones, a la hora de decantar una votación, y al PSOE de Tomás Gómez, que en este asunto se ha movido siempre entre dos aguas. Aguirre se ha puesto al frente de unas negociaciones que se aventuran, visto lo visto con Zapatero, abocada al fracaso, teniendo en cuenta también que ni a Comisiones ni a UGT le interesa hacer “favores” a la jefa del Ejecutivo madrileño en un asunto que comienza a desgastarla políticamente mucho más que el affair de los espías o los casos de supuesta corrupción en varios ayuntamientos populares. Bien es verdad que no se puede hablar de una postura unánime de los sindicatos en este conflicto, pues mientras CC.OO ha hecho gala desde el principio de una gran beligerancia, pues se jugaba perder buena parte de su privilegiada situación en la Caja. UGT se ha alineado siempre con las tesis de Tomás Gómez, partidario en un principio de apoyar la Ley de Cajas de Aguirre, aunque finalmente tuvo que decantarse por la abstención ante los jarros de agua fía de Comisiones, el Ayuntamiento de Madrid y su propio partido. De hecho se habló en su día de un pacto secreto entre Aguirre y el líder del PSM para sacar adelante la reforma de los Estatutos de Caja Madrid, merced a los cuales la inquilina de la Real Casa de Correos se garantiza el control de esta entidad financiera, algo que a todas luces interesa a un Tomás Gómez que se ve ya como próximo presidente regional. Pero todo ello, es ya historia. La enrevesada partida de ajedrez que se libra en la entidad madrileña la juegan ya dos nombres propios: Zapatero y Aguirre, quien va a tener la oportunidad de comprobar si cuenta o no con su propio partido para torcer la mano al Ejecutivo socialista. Para Tomás Gómez queda apenas el papel de moderador en este rifirrafe, en el que los socialistas se han convertido en los principales valedores de las demandas de Alberto Ruiz Gallardón.