Jueves 02 de octubre de 2014
El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), ha defendido que cuando ocupó el cargo tras la dimisión de su predecesor, Guillermo Ortega, en febrero de 2005, rompió toda relación con las empresas de Francisco Correa y despidió a su mujer, Carmen Rodríguez, que era jefe del Gabinete de Alcaldía.
De Foxá ha realizado estas declaraciones durante el pleno monográfico que se ha celebrado en el municipio a petición de los grupos de la oposición, PSOE, Centristas e IU, para aclarar las relaciones que estableció el Consistorio con las empresas investigadas por Garzón en el caso Gürtel durante el mandato de Ortega, que ha sido imputado por presuntos delitos de blanqueo de dinero, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El alcalde estima que existió una gestión irregular por parte de Ortega y de sus hombres afines, los concejales de Planificación Urbanística, José Luis Peña, y de Hacienda, Juan José Moreno, ambos expulsados del PP, que junto a Rodríguez firmaban la totalidad de lo contratos.
También ha recordado que desde 2002 a 2005, concejales del PP que continúan en el Gobierno municipal fueron cesados o relegados por Ortega a cargos que no tenían que ver con su formación por estar en contra de la gestión del alcalde al que culpan de la deuda de más de 27 millones de euros que se acumuló en esos años.
En este sentido, ha defendido que "la política de austeridad y recorte de gastos protocolarios" que ha practicado desde que ocupó el sillón ha dado como resultado un superávit que en 2008 puede alcanzar los 8 millones de euros.
El portavoz del PSOE, Manuel Fort, ha acusado a De Foxa de connivencia con la gestión de su predecesor y ha instado al Ejecutivo a que todos los concejales realicen una declaración de patrimonio anual.
Mercedes Pedreira, de Centristas Majadahonda, ha propuesto la creación de órganos de control para que no se vuelva a producir "una gestión tan irregular de los recursos" y su homóloga de IU, Dolores Dolz, ha incidido en la falta de información que reciben de la gestión del actual Ejecutivo.
En cuanto a la necesidad de depurar responsabilidades que ha solicitado la oposición, De Foxá ha afirmado que ya se dilucidaron cuando el propio equipo de Gobierno se enfrentó a Ortega y a sus afines durante el último año de su mandato y tuvo que intervenir la presidenta de la Comunidad de Madrid.
"Gracias a que estábamos allí, logramos paralizar la venta de dos parcelas con las que luego ingresamos en las arcas municipales 63 millones más y rescindimos el contrato de la Oficina de Atención al Consumidor", ha defendido.
"La conclusión de este pleno -ha continuado- es que hubo una serie de prácticas irregulares durante el periodo del anterior alcalde que la justicia tendrá que aclarar, pero que yo corté de un plumazo cuando accedí a la alcaldía y que no se ha vuelto a contratar a ninguna empresa de las investigadas".
Asimismo, De Foxa ha recordado que "hemos mantenido algún pleito en el que el Ayuntamiento ha sido obligado a pagar por romper contratos con esas empresas y donde el principal testigo de cargo era Carmen Rodríguez".
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