Calvo dice que en el Gobierno de Gallardón nunca se hizo vigilancia ni contravigilancia

La presidenta de la comisión, Rosa Posada, pide a la diputada de IU, Reyes Montiel "que deje de transmitir lo que ocurre en la sala, a través de un blog, en tiempo real"

El ex consejero del PP Pedro Calvo afirmó que con el gobierno de Ruiz-Gallardón los técnicos de seguridad
"nunca hicieron contravigilancia ni (vigilancia) avanzada, entre otras cosas porque no son legalmente competentes para hacerlas", y consideró "ridículo" que se haga comparecer a ex consejeros en la comisión de espionaje.

"No sé lo que intentan investigar ustedes, pero me parece un poco ridículo que intenten investigar al gobierno de Gallardón. Es un despropósito que nos hagan comparecer a mi y al señor Mayor Oreja. Es como si en una comisión sobre lo que hizo el director general de la Guardia Civil Luis Roldán se llamara a comparecer desde el Duque de Ahumana a todos los directores generales hasta llegar al señor Roldán", ha criticado Pedro Calvo, en alusión al PP y el PSOE.

"No sé qué responsabilidades podemos tener los señores Virgilio Cano, carlos Mayor Oreja y yo con lo que, de ser o no cierto, ha salido en los medios de comunicación en los últimos meses. Es absurdo", ha añadido.

En su comparecencia, el actual delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que "no sabe las funciones que hacen ahora los técnicos de seguridad" de la Administración regional, pero que si ese cuerpo es "igual que el que él conoció, no se le puede considerar parapolicial".

Calvo, que se ha quejado también de que el PSOE le pidiera explicaciones sobre sus actuales competencias como concejal, no se ha negado a hablar de ello para evitar que su silencio diera lugar a "malas interpretaciones", y ha asegurado que "no ha existido contravigilancia de la Policía Municipal ordenada por el alcalde, Alberto Ruiz-Galalrdón", ni por él.

También ha dicho que en el Ayuntamiento "no se detectó ningún seguimiento al vicealcalde Manuel Cobo" y que "no se ha recabado información sobre la vida de ningún concejal, que además ser muy aburrido, ha bromeado.

Pedro Calvo, dirigió las competencias regionales de seguridad desde el año 2000 hasta 2003 como consejero de Medio Ambiente, cargo en el que sustituyó a Carlos Mayor Oreja.

Según ha relatado, el servicio de seguridad que había en su época "nunca realizó labores de contravigilancia; como mucho de apoyo en actos concretos, por ejemplo los que se celebraban en la sede de la Presidencia".

Ha indicado que las competencias de ese servicio eran las de "vigilancia de edificios e instalaciones" y "coordinación de
policías locales", pero "ninguna otra", ha subrayado.

Según Calvo, ni siquiera los vigilantes privados con titulación tienen competencias para hacer contravigilancia, porque "eso sólo lo pueden hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, en las que se incluyen las policías locales".

Tras matizar que, a su juicio, la contravigilancia "siempre está asociada a más seguridad y más protección, no a más vigilancia", ha defendido que "ordenar seguimientos para garantizar más seguridad es un contrasentido" y que "no se ordenan seguimientos para garantizar la seguridad de nadie".

Ha asegurado también que no recuerda que en el año 2000 ninguno de los vigilantes de la Comunidad realizaran "funciones de protección de altos cargos" y se ha mostrado convencido de que al ex consejero Carlos Mayor Oreja le ha "fallado la memoria" cuando en su comparecencia de esta mañana ha afirmado que en el año 2000 los consejeros madrileños pasaron a tener escolta.

Según Calvo, fue en el año 2002, a raíz del asesinato por ETA del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa, cuando los consejeros de Madrid empezaron a tener escoltas de la Policía Nacional.

Durante su intervención, ha negado además que en su época de consejero "reestructurara" el servicio de seguridad y ha insistido en que la estructura "seguía siendo la misma" que con el gobierno de Leguina.

Según ha dicho, no le "dio tiempo" a ejecutar algunas de las partes del proyecto de seguridad que se le encomendó, entre ellas la parte referida al sistema de protección de altos cargos.

Al igual que hiciera por la mañana, el portavoz del PP, David Pérez, ha esgrimido en los pasillos de la Asamblea un documento con el que ha cuestionado el testimonio de Calvo.

Según un borrador oficial firmado por Calvo durante su época de consejero, éste preveía abordar una "transformación" del servicio de seguridad, entre otras cosas para crear un "sistema de seguridad para la protección de altos cargos" y para que este colectivo pudiera realizar cualquier función encomendada por sus superiores en el ámbito de sus competencias.

La portavoz del PSOE, Maru Menéndez, que ha tratado de averiguar si Calvo implantó en la Comunidad un sistema de seguridad que incluía seguimientos a determinadas personas, y si trasladó luego este sistema al Ayuntamiento de Madrid, ha dicho -al igual que la portavoz de IU, Inés Sabanés- que la intervención de éste ha sido "muy clarificadora, pero totalmente contradictoria" con la que protagonizó el consejero Francisco Granados el pasado 5 de febrero.

"Por lo tanto, el señor Granados ha mentido en sede parlamentaria, que es lo que nos faltaba", ha dicho Menéndez,
quien se ha preguntado "cómo puede seguir (Granados) ostentando responsabilidad hoy en la Consejería de Interior".

Los tres ex consejeros de la Comunidad de Madrid con competencias de seguridad -el socialista Virgilio Cano y los 'populares' Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo- negaron que el personal a su cargo hiciera "contravigilancia" ni "seguimiento a personas", como sostiene el PP.

Los tres ex consejeros que han comparecido en la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre la supuesta trama de espionaje político, han coincidido en que las competencias de seguridad de la Comunidad de Madrid han sido siempre "las mismas" -la vigilancia de edificios y la coordinación de policías locales- y en que durante sus mandatos no se hizo "contravigilancia".

Recordemos que el portavoz del PP, David Pérez, ha cuestionado el testimonio de los ex consejeros con documentos que reflejan que el personal del área de seguridad de la Comunidad de Madrid está autorizado a realizar tareas de "vigilancia de personas" desde 1988.

Pérez también ha hecho público un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1987 que "autoriza a los funcionarios públicos que ocupen los puestos de vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid a llevar armas para el ejercicio de sus funciones".

Por otra parte, la presidenta de la comisión de investigación, Rosa Posada, ha pedido a la diputada de IU Reyes Montiel que deje de transmitir lo que ocurre en la sala a través de un dispositivo con el que traslada a su "blog" lo que ocurre en tiempo real.

El "Twitter" (gorjear en inglés) es un sistema que permite publicar textos de manera inmediata desde casi cualquier dispositivo, con mensajes que constan de un máximo de 140 caracteres.

La parlamentaria regional de IU ha utilizado este dispositivo durante las comparecencias celebradas en la mañana de ayer y ha dado cuenta de algunos pasajes de la comisión, por lo que Rosa Posada ha comenzado la sesión de la tarde llamándole la atención.

Posada ha pedido a Montiel que mantenga inactivo su "twitter" en el transcurso de la comisión, aunque ha reconocido que en este momento "no existen normas o precedentes para actuar desde la institución" en este sentido.

Posada ha anunciado que propondrá a la Mesa de la Asamblea "que se forme un criterio al respecto", que ha considerado necesario.

"Usted está en calidad de diputada, y dentro de la comisión le ruego que mantenga el twitter apagado. Fuera de la sala lo podrá tener como desee", ha concluido la presidenta de la comisión.

Montiel ha aceptado la petición de la presidenta, aunque ha matizado que "si no hay un criterio establecido sobre esto" (la utilización de este tipo de dispositivos), la decisión de Posada debería ir "a su favor" y no "en su contra".

"Mientras no lo haya (un criterio), entiendo que lo que no está prohibido en el Reglamento está permitido", ha añadido Montiel, quien no obstante ha precisado que no quiere "dificultar ni entorpecer" el transcurso de la comisión, y por lo tanto no lo usaría.