Jueves 02 de octubre de 2014
Una de las cosas más curiosas de la “Operación Gürtel” (o correa, en castellano) es la forma en que la Fiscalía Anticorrupción consiguió acceder a los dineros y propiedades que Francisco Correa, el jefe de la presunta trama ligada al PP. Como en las películas de misterio, las fiscales Myrian Segura y Concha Sabadell, que investigaban las denuncias y las pruebas aportadas contra Correa y sus amigos, “vieron la luz” cuando el juez que investiga otro caso importante, el de las cuentas opacas de Liechtenstein, del que se ha sabido hasta ahora muy poco, seguramente porque no interesa a los políticos, autorizó el registro del despacho del ex consejero delegado de Repsol, Ramón Blanco Balín, y se encontraron “por casualidad” con las escrituras de propiedad y las cuentas de las empresas de Correa en el extranjero. Aquello fue como la “piedra filosofal” que encendió de nuevo el mortecino “caso Correa”, que no se podía sustentar tan sólo sobre las grabaciones de las fanfarronadas del principal imputado que, en palabras, de uno de sus antiguos abogados “es una persona muy especial, que habla demasiado”. El registro judicial sirvió también para ligar al propio Ramón Blanco, que fue la persona de confianza de Alfonso Cortina en Repsol, y que estuvo a punto de sustituir como presidente de CLH al mismísimo Miguel Boyer, con la “Operación Gürtel”. El “caso Liechtenstein” sigue sus pasos -en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -el mismo que ahora también curiosamente sustituye a Garzón por su crisis de ansiedad- y de la propia Fiscalía Anticorrupción- y puede acabar con la imputación de más de doscientos empresarios y financieros españoles que se sirvieron de las Fundaciones oficiales del pequeño ducado europeo. Fue la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) la que envió a la Fiscalía Anticorrupción información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein, con 198 titulares y beneficiarios individuales con residencia en España, para su investigación por la posible comisión de delito fiscal. Muchos de ellos, sin embargo, han preferido negociar con la AEAT el pago de sus impuestos más las multas correspondientes con lo que podrían evitar el procesamiento. Ramón Blanco, que salió muy enfadado de la Audiencia Nacional (“Estoy hasta los huevos”, le escucharon decir los periodistas que le esperaban) tras declarar ante Baltasar Garzón, pidió a través de su abogado “respeto, no para mí, que me importa un bledo, sino para mi familia porque yo no me he llevado dinero de nadie». El juez le dejó en libertad sin medidas cautelares, tal y como solicitaron las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell. Ramón Blanco compartió consejo de administración con otros imputados en la ‘operación Gürtel’. Con el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo coincidió en cinco empresas y con Alvaro Pérez Alonso, ‘El Bigotes’, en Orange Market, la filial valenciana de Special Events, la empresa de la trama que organizaba actos para los ‘populares’. A partir de los títulos de las cuentas y de las propiedades de Correa en el extranjero es cuando se pudo detectar que el empresario, ligado al PP, viajaba con demasiada frecuencia por todo el mundo y que de hecho vivía más de seis meses al año fuera de España, con el consiguiente peligro de que en uno de esos viajes ya no volviera dado que ya había sido denunciado por estafa por otro socio. Correa había recurrido a una ex fiscal general de Panamá para que le tramitara su residencia en aquel país centroamericano aprovechando que había residido durante un tiempo bastante largo el año pasado. Fue cuando las fiscales dedujeron que Correa iba a fugarse de España. Finalmente la ex fiscal y ahora abogada de un importante bufete panameño le informó a Correa que la legislación de aquel país había cambiado y que ahora para conseguir la residencia había que vivir más de seis meses al año, pero no en un hotel sino en una vivienda particular. Las escuchas telefónicas a que estaba sometido el ahora imputado permitieron tanto a las fiscales como al juez Garzón saber que, por ahora, Correa no podía irse a Panamá, pero no obstante mantuvieron esa “ficción” para dar más crédito a la decisión de reventar el caso antes de lo previsto. Otra cosa es que la Fiscalía Anticorrupción supiera de algún otro lugar escogido para fugarse, pero no sería Panamá, como se ha dicho.