Gómez señala a Granados, López Viejo y al ex alcalde de Boadilla y les pide que dimitan de sus cargos

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha pedido la dimisión del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por su presunta implicación en la supuesta trama de espionaje en el Gobierno regional.

Gómez se ha preguntado, en su intervención en un mitin de su partido en el distrito de Latina, "qué compromisos tiene" la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con Granados, así como con el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, "que no se puede deshacer de ellos".

En opinión del líder del PSM, si López Viejo es "indigno" para ocupar el cargo de consejero, también lo es para continuar siendo diputado en la Asamblea regional, al igual que el ex alcalde de Boadilla, Arturo González, quien dimitió hace pocos días por su supuesta implicación en un caso de corrupción en la Comunidad, que si es "corrupto" para ser alcalde, también no lo es para ser concejal.

Gómez criticó la actitud de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por no "depurar responsabilidades dentro de su partido", y le ha pedido que haga un "ejercicio de transparencia democrática" para que se conozca "la verdad" sobre las presuntas tramas de espionaje y de corrupción que han salpicado al PP.

"Aguirre se está convirtiendo en la gran encubridora de la corrupción interna de su partido y en el seno del Gobierno autonómico", ha sentenciado Gómez.

El socialista también criticó la, a su juicio, falta de iniciativas económicas para detener el paro (que ya ha ascendido hasta los 380.000 desempleados) en la región, así como el "bloqueo" que a su modo de ver están ejerciendo Aguirre y el alcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardón, sobre Caja Madrid.

"Les quiero decir a quienes tienen responsabilidad sobre esta entidad que Aguirre es mala, pero Ruiz-Gallardón también, son dos irresponsables de la misma calaña", ha aseverado.

Además, Gómez lamentó que Caja Madrid no participase en su momento en la compra de la empresa aeronáutica EADS, aunque, ha señalado, "gracias al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero" esta industria "no va a salir de Getafe".


Por otra parte, los empresarios implicados en el denominado caso Ciempozuelos están llamados a comparecer hoy ante el magistrado por haber "ocultado o encubierto bienes de origen ilícito" con la finalidad, supuestamente, de ayudar a los ex regidores a "eludir las consecuencias jurídicas" que dimanan de un delito de blanqueo de capitales.

El juez cita a declarar entre el 23 de febrero y el 2 de marzo en calidad de imputados a Manuel Ramón Martín Peña, Pedro Manuel Peña Martín, Francisco Javier Marazuela Huelga, Juan Ángel Muñoz García, Jesús Rey Martínez y Juan Añover León.

Se les imputa la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Torrejón y Tejeiro se encuentran en libertad provisional bajo fianza de 900.000 euros acusados de las mismas infracciones penales.

Según el juez, "el amplio margen de actuación y la participación activa de Francisco Javier Marazuela y de Manuel Ramón Martín Peña en el entramado social" pergueñado por los ex alcaldes socialistas "sugiere la posibilidad de que estas personas, junto con el resto de imputados, utilicen las sociedades como instrumentos para adquirir, convertir, transmitir, ocultar o encubrir bienes de origen ilícito o para ayudar a los infractores a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos que constituyen el tipo de blanqueo de capitales".

En otro auto, el magistrado decreta el secreto sumarial "hasta la apertura de juicio oral", salvo las partes personadas, incluido el Ministerio Fiscal, que "podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en el procedimiento". El magistrado tiene como objetivo profundizar en las relaciones comerciales entre las empresas y los ex alcaldes imputados.

El 'caso Ciempozuelos' se destapó en 2006 a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicatos de funcionarios Manos Limpias en las que reveló que Torrejón y Tejeiro pactaron una comisión con la inmobiliaria Esprode de 40 millones de euros a cambio de unos terrenos. Los imputados viajaron a Andorra para abrir sendas cuentan bancarias. Presentaron un falso contrato en un banco andorrano para justificar el ingreso del dinero.

"Uno de los ámbitos de la investigación de las presentes diligencias se encamina al descubrimiento del origen presuntamente ilícito de las cantidades ingresadas en las cuentas corrientes de la entidad andorrana, así como la veracidad del contrato presentado en aquella entidad", recalca el auto.