Jueves 02 de octubre de 2014
Todos los focos de la película sobre las pre-suntas tramas del PP en Madrid y Valencia -ahora ampliadas al último Gobierno de José María Aznar- se han puesto sobre los actores principales Baltasar Garzón y el ministro Mariano Fernández Bermejo, compañeros de aventuras cinegéticas que en pleno siglo XXI resultan casi patéticas aparte de crueles y despiadadas, sobre todo cuando se hacen la foto final con todos los cadáveres de los venados al descubierto. Sin embargo, los que se deberían llevar el Oscar en este caso no son los actores principales -ni siquiera los malos de la película: Francisco Correa, López Viejo, Guillermo Ortega o Arturo González Panero- sino las dos fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada (FECCO), Concha Sabadell y Myrian Segura, que son las que se lo han currado de verdad. A estas alturas de la película parece claro que toda su investigación parte de la denuncia de uno de los dos concejales expulsados del PP de Majadahonda, Paco Peñas y Juan José Moreno, que se dedicó a grabar más de 15 horas de reuniones con el grupo de correa y con dirigentes del PP y que lo que buscan es vengarse de Esperanza Aguirre. Paco Peña fue el “socio” de la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez, en la oficina técnica desde la que se asesoraba directamente, y al margen del resto del Gobierno local al ex alcalde Ortega. En esta vida la mayor parte de las cosas sucias que ocurren se conocen por traiciones de antiguos amigos o de maridos/mujeres despechados. Lo importante del trabajo de las dos fiscales es que han llevado su trabajo de manera milimetrada hasta conseguir sacarlo cuando más daño iba a causar al PP, a veinte días de las elecciones gallegas y vascas, provocando un terremoto en las filas de este partido parecido al que sufrió el PSOE cuando Garzón aludió a la famosa X de los GAL, apuntando a Felipe González. No consiguió que le procesaran, pero si que perdiera las elecciones y tuviera que marcharse. Concha Sabadell que renunció a su plaza de jueza en Irún en 1998 para dedicarse a lo que le gusta, la fiscalía, y Myrian Segura -que fue fiscal en Ciudad Real- entraron en en el Tribuinal Superior de Justicia de Madrid en julio de 2001, en pleno reinado del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo al frente de la fiscalía del TSJM, del que fue destituido en julio de 2003 después de varios rifirrafes con los ministros de Justicia del PP, Angel Acebes y José María Michavila y justo en el momento en que se produjo la traición de los diputados regionales Tamayo y Sáez, que impidieron la victoria del PSOE e iU aliadas en la Comunidad de Madrid. Los populares ya le habían acusado de filtrar a El País una sentencia, todavía en borrador, sobre el alcalde del PP en Alcorcón, Pablo Zúñiga, y Michavila le recriminó poner piedras a los juicios rápidos, lo que le valió una querella que perdió Bermejo. Juan José Güemes le acusó concretamente de haberse reunido poco antes de su publicación con dos periodistas de ese diario en la misma sede de la Fiscalía. Nadie duda que si Bermejo hubiera seguido al frente de la Fiscalía del TSJM, las diligencias habrían continuado para averiguar si detrás de la traición de Tamayo y Sáez había algo más que un enfado de los diputados socialistas contra Rafael Simancas por no incluirles en su Gobierno. Lo que indica que los del PP quería evitarlo a toda costa. Algo de esto debían temer, tanto Acebes como Michavila, cuando pusieron el grito en el cielo al conocer que Zapatero ascendía a Bermejo al cargo de ministro de Justicia: calificándolo como un “mensaje inequívoco” de “cuidado que voy”. La “venganza” de Bermejo ha venido, pues, servida de la mano de dos fiscales incorporadas, relativamente hace poco, a la Fiscalía Anticorrupción, Myrian Segura entró en febrero de 2008 y Concha Sabadell no tuvo el cargo oficialmente hasta diciembre de 2008. Son pues dos recién llegadas a las que les ha caído una responsabilidad enorme en el affaire más importante que se ha organizado sobre el Partido Popular. Algo de todo esto debía saber Esperanza Aguirre cuando decidió destituir (aceptar la dimisión) a Alberto López Viejo, a Guillermo Ortega y al propio ex alcalde de Boadilla del Monte, porque si no no se entiende que prescindiera de su consejero de Deportes cuando no había trascendido nada de sus relaciones con Paco Correa y su grupo. Y lo mismo puede decirse de la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, que solicitó a Rajoy que se defendiera a los ex ministros de su marido José María Aznar.