10/11/08.- Es la suma de dinero a la que la firma ha sido sentenciada por el Tribunal Supremo
Jueves 02 de octubre de 2014
Los cerca de 700 afectados por la quiebra de la cooperativa PSV que llevaron ante la justicia a la auditora Ernst & Young le exigirán el pago de cinco millones de euros, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que responsabiliza a la firma de los perjuicios que sufrieron.
Según el presidente de la Asociación de Cooperativistas de Madrid Sur, Adolfo Alvarado, los socios están "muy satisfechos" con la sentencia, porque "ha dirimido responsabilidades" patrimoniales por la quiebra de la cooperativa.
Los afectados, dueños de 454 viviendas, calculan que la auditora les tiene que abonar unos cinco millones de euros entre las cantidades que reclamaron inicialmente (1,97 millones de euros), los intereses legales desde 1994 y los costes por la reanudación de las obras, que según los tribunales también están habilitados a pedir.
Cuando están a punto de cumplirse 14 años desde que los afectados recurrieron a los tribunales, Alvarado confía en que la ejecución de la sentencia se pueda solicitar antes de Navidad, una vez que el Supremo la haya remitido al juzgado de primera instancia.
El abogado de los cooperativistas, José Ortiz Cornabo, destacó la "gran trascendencia" e "importancia judicial" de la sentencia, ya que fija de manera precisa las responsabilidades de los auditores.
El Supremo condenó el pasado 14 de octubre a Ernst & Young, al auditor José María Fernández Rodríguez y a la aseguradora AGF Unión Fénix (hoy Allianz), ya que considera que la negligente auditoría hecha propició que los cooperativistas ignoraran la situación de PSV y no pudieran reaccionar.
La firma anunció que recurrirá la decisión del Supremo porque asegura que "los informes de auditoría no tuvieron relevancia alguna en la toma de decisiones por parte de los gestores o de los propios cooperativistas".
En cambio, el alto tribunal cree que, aunque la auditoría no fue la causa principal de que la sociedad quebrara y no pudiera entregar las viviendas a los socios, "contribuyó a ese resultado, pues privó a éstos de la necesaria información sobre la imagen fiel del patrimonio y situación financiera" de la cooperativa.
El "caso PSV" fue uno de los escándalos inmobiliarios más importantes de España en los años 90 y saltó a la luz en 1993, cuando la cooperativa suspendió pagos y afectó a cerca de 19.000 cooperativistas.
En octubre de 2003, el Tribunal Supremo eximió a UGT del pago de la indemnización de 78,13 millones de euros por su responsabilidad civil subsidiaria en el caso PSV, al tiempo que confirmó la condena de dos años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional al director de la cooperativa de viviendas PSV, Carlos Sotos.