En 48 horas termina el plazo para presentar ante la Junta Electoral las coaliciones electorales de cara al 29 de noviembre. Ada Colau y Mónica García deben cerrar el nuevo experimento de Frente Amplio, mientras que Gabriel Rufián e Irene Montero deben hacer lo mismo entre ERC y Podemos. No existen diferencias entre los programas de los dos grupos ni en la estrategia a corto, medio y largo plazo. Los dos son republicanos, anticapitalistas y están tan alejados del PSOE como del PP, pese a que en ocasiones parezca lo contrario.
¿Qué hace dentro de ese enjambre de siglas la antigua Izquierda Unida, que sustituyó al PCE como marca electoral de la mano de Julio Anguita? Nada: languidecer y dejar que Antonio Maíllo ponga la mejor de sus voluntades en lograr acuerdos y la peor de sus gestiones para encontrar puestos de salida en las listas, el gran punto de conflicto entre todos. Se trata de asegurar los asientos en el Congreso y en el Senado, por un lado, y en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos, por otro. Más que puestos políticos para cumplir con las promesas que se hacen para el 29N, la imagen que arroja esa izquierda es la de la búsqueda de un puesto de trabajo fijo, bien pagado y durante cuatro años.
El próximo viernes deberán quitar el último pétalo a la margarita electoral. Un último esfuerzo para ir unidos a las urnas gracias a un acuerdo in extremis sobre la posición que tendrán los candidatos en las listas comunes, estudiada cada provincia y cada municipio para ver hasta dónde pueden llegar con ese último escaño que casi siempre depende de muy pocos votos.
Demasiadas declaraciones de generosidad y demasiadas exigencias de votaciones previas sobre los candidatos en cada circunscripción. Miedo a perder lo poco que queda de los sueños de los 70 escaños y que ya se quedó en 31 asientos en el Congreso en 2023. Ahora, en el mejor de los casos y con unidad, no pasarán de veinte. Con esa cifra y el PSOE logrando los mismos o muy parecidos resultados de hace tres años, la victoria de los dos partidos de la derecha española está asegurada y hasta les sobrarán escaños en las dos cámaras.
Lo que está ocurriendo dentro de la izquierda situada a la izquierda del PSOE no es nuevo. Esa división ya dejó a Izquierda Unida con dos escaños por el doble efecto de la presión de Podemos, por un lado, y del PSOE, por otro. Llamar al voto útil a favor de los socialistas para obtener los beneficios de la Ley D’Hondt tiene un efecto negativo: a mayor crecimiento del Partido Socialista, peor resultado para aquellos que se juntaron en Sumar, cuando Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se convertían en vicepresidentes de forma sucesiva.
Si el candidato Sánchez hace una simple suma, verá que con los independentistas vascos y catalanes, de izquierda y derecha, que podrían llegar a sumar hasta treinta escaños, el PSOE, sin un buen resultado por su izquierda de la mano de Colau, Rufián, Montero y Maíllo, tiene casi imposible alcanzar los 130 o 135 asientos en el Congreso, partiendo de los 110 que obtuvo en 2023. Esa es la tranquilidad de fondo que tienen Feijóo y Abascal, que ya preparan su reparto de ministerios y empresas con presencia gubernamental para comienzos de enero.