El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, en el marco de la investigación del conocido como 'caso Leire Díez'. Ambos han sido citados para declarar el próximo 16 de julio a las 10.15 horas, tras detectarse indicios "prima facie" de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
La imputación de Mercedes González y Manuel Llamas se produce tras solicitudes tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular. Sin embargo, el juez ha descartado imputar al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, pese a la petición exclusiva de los 'populares', al no encontrar indicios contra él.
Este avance amplía la lista de investigados en la causa que indaga una supuesta red para desbaratar investigaciones judiciales relacionadas con el Gobierno y el PSOE. Según la instrucción, esta trama habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha aportado un informe en el que detalla que Leire Díez mantuvo al menos tres reuniones presenciales con Mercedes González, los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. La directora reconoció ante la Comisión de Interior del Senado haber tenido dos encuentros con Díez, pero negó haber interferido en investigaciones o presionado a agentes.
Según la UCO, Díez se valió de su relación con González para que esta iniciara actuaciones administrativas contra la propia UCO, con el objetivo de obstaculizar las investigaciones internas. Los agentes explican que Díez marcó como uno de sus objetivos llevar a cabo investigaciones internas contra la Unidad Central Operativa dentro de la Guardia Civil, y que logró instigar a la directora para que iniciara dichas actuaciones.
Además de las citaciones, el magistrado ha requerido al PSOE que identifique a la persona que suscribió un contrato de asesoramiento jurídico con Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, también imputado en el caso. Se solicita que se indique el cargo y el título habilitante o acuerdo que justificó dicha contratación, con la advertencia de que la información puede ser omitida si resulta incriminatoria para el partido.
Teijelo declaró recientemente haber recibido 125.000 euros del PSOE para servicios de asesoría jurídica, según fuentes jurídicas.
Por otra parte, Pedraz ha solicitado a la empresa pública Residuos Urbanos de Jaén que entregue documentación sobre la relación laboral con una mujer que tuvo un conflicto legal con el fiscal José Grinda. Este fiscal denunció un intento de soborno por parte de Díez a cambio de información comprometida de otros fiscales.
El juez pide detalles sobre el contrato, funciones, dependencia jerárquica, causas de extinción y documentación relacionada con el proceso de selección para la contratación de esta mujer. La UCO también ha informado que Díez contactó en marzo de 2025 con el diputado socialista Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán, para facilitarle un trabajo dentro del PSOE, y que la mujer fue citada en Ferraz por la exmilitante.
Este caso pone en evidencia una posible manipulación de investigaciones judiciales mediante influencias internas en la Guardia Civil y el PSOE, con implicaciones que pueden afectar la credibilidad institucional y la transparencia en la administración pública.