Sin la Ley de Memoria Histórica de 2007, que impulsó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que Pedro Sánchez amplió y transformó en Ley de Memoria Democrática en 2022, los miedos de Feijóo y Abascal a no conseguir el poder en las próximas elecciones generales no existirían.
Desde el PP y desde Vox se asegura que se pueden incorporar al censo electoral hasta dos millones y medio de personas, no solo los descendientes de los españoles que huyeron durante y después de la Guerra Civil, sino también aquellos que tuvieron que sufrir las represalias del franquismo.
Los dos partidos de la derecha han dejado a un lado las regularizaciones de inmigrantes emprendidas por el Gobierno, que es difícil que puedan votar dentro de unos meses en número suficiente como para alterar los resultados en las urnas, y se centran en la llamada “ley de nietos”, que, a través del voto exterior, sí puede cambiar el número de escaños que consigan los partidos en las circunscripciones electorales.
Estará en juego el último voto en la mayoría de las provincias, dependiendo del origen del mismo y de los votos “nacionales” que se obtengan, dando por hecho desde el PP y desde Vox que los apoyos del exterior que lleguen desde esos cientos de miles de votos reales irán a parar a la izquierda y, de forma masiva, al PSOE.
El seguro aumento del censo electoral —que es imposible que alcance a los dos millones y medio de “nuevos españoles” que pueden haber solicitado la nacionalidad antes de octubre de 2025— es la gran baza del actual Gobierno de Pedro Sánchez para contrarrestar los efectos negativos de los sumarios y condenas por delitos de corrupción que están lastrando las expectativas del socialismo.
El eje Zapatero-Sánchez existe de una manera clara como estrategia política y electoral, al margen de la necesidad histórica de una reparación para las víctimas del franquismo. Una estrategia que, de funcionar a pleno rendimiento, beneficiará también a los socialistas más críticos con el Gobierno y que piden elecciones adelantadas.
Retrasar hasta el fin de la legislatura la cita con las urnas es fundamental para que la “ley de nietos” aumente el número de votantes del exterior. Cada día se tramitan más expedientes y los consulados y el Ministerio de Asuntos Exteriores necesitan más tiempo para hacerlos llegar al Ministerio del Interior y a las distintas circunscripciones electorales. Pueden estar en juego y cambiar de color entre 20 y 30 escaños, la cifra que desde La Moncloa han calculado que necesitan para volver a negociar con los mismos apoyos nacionalistas y de su izquierda que tuvieron en 2023.