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Irregularidades en contratos públicos: La UCO investiga a Juan Carlos Barrabés por trato de favor en Red.es

Redacción | Viernes 26 de junio de 2026
La UCO ha detectado irregularidades en contratos públicos adjudicados a Juan Carlos Barrabés por Red.es, revelando arbitrariedad y trato de favor en la evaluación. Estas acciones forman parte del 'caso Begoña Gómez', que involucra presuntos delitos relacionados con fondos europeos y pone en riesgo la transparencia administrativa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado irregularidades graves en la adjudicación de contratos públicos por parte de Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha sido enviado a juicio en el marco del denominado 'caso Begoña Gómez'. Según un informe elaborado a petición de la Fiscalía Europea, se ha constatado una "decisiva arbitrariedad" y un trato de favor en la valoración y adjudicación de licitaciones que beneficiaron a la UTE The Valley-Barrabés.

Claves de la noticia

Arbitrariedad en la valoración

La UCO detectó que los criterios de evaluación no se aplicaron de forma uniforme, alterando el orden preestablecido para favorecer a Barrabés.

Modificaciones encubiertas

Se realizaron adaptaciones y revisiones a la baja en las puntuaciones de otros licitadores para enmascarar el trato preferente.

Antecedentes de trato favorable

Un expediente anterior también mostró un trato similar, con la supuesta ocultación de la ausencia del 'Libro blanco' en la oferta de la UTE vinculada a Barrabés.

Informe de la UCO revela irregularidades en contratos públicos

El informe de la UCO, basado en el análisis de correos electrónicos relacionados con la tramitación de dos expedientes de Red.es, señala que la valoración de las ofertas no se realizó conforme a los criterios preestablecidos. En lugar de evaluar objetivamente las propuestas y asignar puntuaciones en función de tres criterios ponderados, el proceso fue manipulado para adaptar las valoraciones a puntuaciones ya decididas, lo que generó una ventaja considerable para la UTE The Valley-Barrabés.

Los investigadores destacan que se alteró el orden del proceso de valoración, invirtiendo el planteamiento habitual. En vez de partir de la evaluación de las ofertas para establecer las puntuaciones, se impusieron pautas y puntuaciones concretas a las que se ajustaron los informes publicados. Además, se realizaron adaptaciones adicionales para ocultar estas modificaciones, incluyendo revisiones a la baja en las puntuaciones de ofertas similares a la principal perjudicada, que luego fueron obviadas en la valoración definitiva.

Este modus operandi permitió que la UTE The Valley-Barrabés resultara la principal beneficiada, obteniendo la máxima puntuación y una ventaja significativa sobre el resto de licitadores.

Antecedentes y contexto judicial

El informe también menciona un antecedente de trato favorable en otro expediente, donde se habría encubierto la ausencia del 'Libro blanco' en la oferta de la UTE vinculada al grupo Barrabés, que incluía a KPMG. Este documento era un requisito explícito en el pliego y debía ser puntuado dentro de los criterios de juicio de valor, pero la UTE recibió la máxima nota a pesar de no presentarlo.

Estas irregularidades forman parte del 'caso Begoña Gómez', una investigación judicial que involucra a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea relacionados con contratos financiados con fondos comunitarios. El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación sobre las supuestas irregularidades en estos contratos, que afectan directamente al empresario Juan Carlos Barrabés.

Implicaciones y repercusiones

La detección de arbitrariedad y trato de favor en la adjudicación de contratos públicos pone en entredicho la transparencia y la integridad en la gestión de fondos europeos y recursos públicos en España. Además, evidencia posibles vulneraciones legales que podrían derivar en sanciones penales y administrativas para los implicados.

Este caso subraya la importancia de reforzar los mecanismos de control y supervisión en los procesos de licitación pública para garantizar la igualdad de oportunidades entre los licitadores y evitar la corrupción y el fraude en la administración pública.

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