En su escrito, Zapatero argumenta que se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a ser juzgado por el juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a un proceso justo con todas las garantías, la tutela judicial efectiva sin indefensión y la presunción de inocencia. Estas garantías, según la defensa del expresidente, no se han respetado en el procedimiento que se sigue en su contra.
Además, se solicita la exclusión de todas las pruebas obtenidas en las entradas y registros realizados tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que inició la investigación, como por la Audiencia Nacional. La defensa sostiene que estas pruebas fueron obtenidas de manera irregular, ya que el procedimiento se basa en análisis de conversaciones privadas no autorizadas.
La defensa de Zapatero sostiene que el proceso judicial ha sido dirigido hacia órganos judiciales que no son los legalmente competentes para el caso, lo que consideran una maniobra para favorecer la tramitación en tribunales de mayor conveniencia. Según este argumento, se estaría soslayando al juez ordinario que debería conocer la causa, lo que constituye una vulneración del principio de legalidad y competencia judicial.
El 'caso Plus Ultra' es una investigación que ha generado gran atención pública y política, y la intervención de un expresidente del Gobierno en calidad de investigado añade una dimensión relevante al proceso. La reclamación de nulidad presentada por Zapatero podría tener implicaciones importantes en el desarrollo y eventual resolución del caso, especialmente en lo relativo a la validez de las pruebas y la competencia judicial.
Si la Audiencia Nacional acepta el incidente de nulidad, podría anularse todo el procedimiento o parte de las actuaciones, lo que supondría un retroceso en la investigación y podría obligar a reorientar el proceso judicial. En caso contrario, la causa continuará su curso con las pruebas y actuaciones ya realizadas.
Por el momento, la defensa de Zapatero ha dejado claro que continuará defendiendo la nulidad del proceso y la exclusión de las pruebas obtenidas, argumentando que se han vulnerado derechos constitucionales básicos que garantizan un juicio justo y equitativo.
La evolución de este incidente será seguida de cerca por la opinión pública y los actores políticos, dada la relevancia del caso y la figura involucrada.