La Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto que establece la caducidad de reglamentos organizativos y revisiones normativas cada cuatro años, buscando modernizar el marco jurídico y simplificar trámites administrativos.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a un nuevo decreto que establece la caducidad de ciertos reglamentos autonómicos y la obligación de evaluar todas las normas cada cuatro años. Esta iniciativa busca proporcionar a los ciudadanos un marco jurídico más actualizado y adaptado a sus necesidades, lo que se traduce en una mayor seguridad jurídica.
Las normas organizativas perderán vigencia cinco años después de su entrada en vigor, salvo que se decida mantenerlas tras un análisis.
Se implementará una revisión del ordenamiento jurídico regional cada cuatro años para asegurar su efectividad y relevancia.
Se priorizará el silencio administrativo positivo, facilitando así los trámites para ciudadanos y empresas.
Esta medida responde al compromiso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por avanzar hacia una Administración más eficiente y centrada en el ciudadano. Anunciada durante el último Debate sobre el Estado de la Región, esta propuesta estaba incluida en su programa electoral para 2023.
Una de las características más destacadas del decreto es la introducción del criterio de caducidad automática para las normas organizativas, aquellas que regulan la estructura interna de la Administración autonómica. Estas normas dejarán de ser válidas cinco años después de su implementación, a menos que se considere necesario su mantenimiento tras un análisis correspondiente. Sin embargo, quedan excluidos los decretos relacionados con la estructura orgánica y aquellos órganos colegiados establecidos por ley.
Además, se establecerá un sistema permanente de evaluación del ordenamiento jurídico autonómico con el fin de identificar y eliminar disposiciones obsoletas o innecesarias. En términos generales, todo el marco normativo deberá someterse a revisión al menos cada cuatro años, salvo que una ley disponga lo contrario.
La Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas también tendrá un papel fundamental bajo este nuevo decreto. Desde su entrada en vigor, deberá presentar propuestas para revisar los procedimientos administrativos existentes, buscando ampliar aquellos regulados y priorizando el silencio positivo. Esto significa que si la Administración no responde en un plazo determinado, se considerará automáticamente autorizada la solicitud del ciudadano.
Por otro lado, se introduce un procedimiento abreviado para ciertas leyes que puedan tramitarse más ágilmente debido a su simplicidad. Este cambio permitirá reducir significativamente los plazos de tramitación, que anteriormente podían oscilar entre tres y seis meses, llevándolos a aproximadamente un mes mediante un proceso similar al de lectura única.
El objetivo final es simplificar y modernizar el marco normativo actual, disminuir cargas burocráticas y fortalecer la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para las empresas e inversores. De esta manera, se busca fomentar la actividad económica y facilitar los trámites administrativos para todos los ciudadanos.