La investigación de la Audiencia Nacional sobre el denominado caso Leire Díez ha incorporado nuevas diligencias y conversaciones que amplían el foco político y judicial de la causa.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y a una planta de la compañía en Amurrio, en Álava, por orden del juez Santiago Pedraz.
Al mismo tiempo, un informe de la UCO sitúa a la exmilitante socialista Leire Díez informando a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de acciones para “reconducir” lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Las diligencias en Tubos Reunidos se enmarcan en la investigación sobre una posible conexión entre transferencias de fondos procedentes de un rescate público y la presunta trama investigada por la Audiencia Nacional.
Fuentes próximas a la compañía han señalado que la empresa está colaborando “en todo” con los agentes desplazados a sus oficinas.
Según las fuentes del caso, no está previsto que se practiquen detenciones en esta fase de las actuaciones.
Los agentes de la UCO también tienen orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI.
La investigación trata de esclarecer si hubo intermediación irregular en distintas operaciones vinculadas a empresas públicas y entidades dependientes de la sociedad estatal.
Una de esas operaciones sería la concesión de un rescate a Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros.
Tubos Reunidos ya apareció señalada tras la detención, en diciembre de 2025, de Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y cercano al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La investigación analiza si Díez, Fernández y Alonso formaban parte de un grupo de WhatsApp denominado Hirurok, creado presuntamente para conseguir decisiones favorables a sus intereses en varias operaciones.
En el caso de Tubos Reunidos, el magistrado Antonio Piña señaló que se habría detectado la supuesta intermediación del grupo para que se otorgara la ayuda pública, percibiendo por ello 114.950 euros mediante facturación aparentemente mendaz emitida por Mediaciones Martínez.
La investigación también incorpora conversaciones de Leire Díez con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a través de WhatsApp.
Según un informe de la UCO, el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, Díez habló de “reconducir” los ataques al presidente, prestar “ayuda cualificada” y dar la vuelta al asunto “como un calcetín”.
En esa misma conversación, Narbona habría hecho referencia a que esas cuestiones ya se las había contado a Santos Cerdán: “Se lo habías contado a Santos el otro día”, recoge el informe policial.
La UCO sitúa esas conversaciones en los días inmediatamente posteriores a la carta de Pedro Sánchez, un momento que el juez Santiago Pedraz considera relevante dentro de la causa.
Dos días después de aquella comunicación pública del presidente, tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE que, para el instructor, fue el “punto de inflexión” de la presunta trama.
El día 25, Leire Díez trasladó al expresidente de la SEPI Vicente Fernández un mensaje significativo: “Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”.
Cristina Narbona ya reconoció en su momento que conocía a Leire Díez desde hacía años, cuando la exmilitante socialista se encargaba de tareas de comunicación del partido en Santander.
Tras la publicación de los primeros audios sobre reuniones para obtener información comprometedora de jueces, fiscales y agentes de la UCO, Narbona afirmó estar “muy disgustada” por esos encuentros.
Meses después, tras la detención de Díez por la Guardia Civil, la presidenta del PSOE trató de desvincularla del partido y aseguró que “ahora mismo” no tenía nada que ver con los socialistas.
La causa sitúa de nuevo en el centro al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien el juez atribuye un papel de liderazgo dentro de la presunta red investigada.
Pedraz investiga si esa estructura habría tratado de desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.
Las nuevas diligencias en Tubos Reunidos y la SEPI refuerzan además la línea económica del caso, centrada en contratos, rescates públicos y posibles comisiones.
El caso Leire Díez avanza así en dos planos paralelos: por un lado, la investigación sobre presuntas maniobras para influir o desacreditar causas judiciales sensibles para el PSOE; por otro, las pesquisas sobre operaciones económicas vinculadas a la SEPI y a empresas públicas.
Los registros en Tubos Reunidos y el requerimiento de información a la SEPI buscan esclarecer si existió una conexión entre fondos públicos, intermediaciones y beneficios para los investigados.
Al mismo tiempo, las conversaciones incorporadas por la UCO elevan la presión política sobre la dirección socialista, al situar comunicaciones de Leire Díez con Cristina Narbona y referencias directas a Santos Cerdán en los momentos posteriores a la carta de Pedro Sánchez.