El Ministerio de Derechos Sociales ha lanzado un protocolo para garantizar la accesibilidad en la Administración General del Estado, promoviendo su integración en todos los ministerios y organismos públicos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado un nuevo Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE). Esta herramienta tiene como objetivo integrar la accesibilidad en el funcionamiento diario de todos los ministerios y organismos públicos, garantizando así una gestión inclusiva tanto interna como externa.
Este protocolo se inscribe dentro del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, cuyo propósito es transversalizar la accesibilidad en toda la Administración. La herramienta permitirá a las diferentes unidades de la AGE realizar autoevaluaciones periódicas para medir su grado de accesibilidad, utilizando un listado que cubre seis ámbitos clave: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía. De esta manera, se busca identificar deficiencias y activar mejoras que promuevan una administración pública más inclusiva.
La presentación del protocolo tuvo lugar durante una reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, donde participan varios departamentos ministeriales y el CERMI, que representa a las personas con discapacidad y sus familias. Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó que este documento responde al mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a promover políticas que aseguren la autonomía personal y la inclusión social en entornos accesibles. Según Martín, “ya no hay excusas para no eliminar barreras”, ya que el protocolo proporciona directrices claras para identificar problemas y abordarlos adecuadamente.
El protocolo también examina aspectos críticos como si los procesos selectivos incluyen adaptaciones para personas con discapacidad o si los sitios web y documentos digitales son accesibles. Además, evalúa si los edificios cuentan con itinerarios adecuados y si la atención presencial, telefónica y online ofrece alternativas comprensibles para todos.
Aparte de facilitar el diagnóstico de problemas existentes, el protocolo ofrece orientaciones prácticas y medidas concretas para solucionarlos. Cada respuesta negativa o parcial sobre el cumplimiento en materia de accesibilidad debe servir como base para implementar mejoras continuas en toda la administración pública.
Con esta iniciativa, el Gobierno avanza en el desarrollo del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal y establece la accesibilidad como un componente esencial en la calidad del servicio público. Este documento busca coordinar acciones sobre accesibilidad universal entre los distintos ministerios, considerando especialmente la perspectiva de género e incluyendo contenido común junto con anexos específicos para cada uno.
La elaboración del ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)’ ha sido liderada por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad con apoyo técnico de Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad. La mayoría de los ministerios han participado activamente en su desarrollo a través de grupos especializados.
Para acceder al documento completo del protocolo, visite este enlace.
Es una herramienta diseñada para incorporar la accesibilidad de forma transversal en el funcionamiento diario de los ministerios y organismos públicos, permitiendo la autoevaluación periódica del grado de accesibilidad.
El protocolo aborda seis grandes ámbitos: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía.
Cada ministerio utilizará un listado de comprobación para identificar carencias y activar mejoras pertinentes que abran la administración pública a la diversidad humana.
El protocolo beneficia no solo a las personas con discapacidad, sino también a personas mayores, aquellas en situación de dependencia, quienes tienen dificultades de comprensión y comunicación, y personas con limitaciones temporales.