La Comunidad de Madrid brindó asistencia jurídica gratuita a más de 88,000 personas en 2025, un incremento del 30% respecto al año anterior, con una inversión de 60.4 millones de euros.
La Comunidad de Madrid brindó asistencia jurídica gratuita a un total de 88.667 personas durante el año 2025, lo que representa un incremento del 30% en comparación con el año anterior. Esta cifra fue revelada por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la presentación de la memoria anual de este servicio, realizada en la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas en la capital.
García Martín subrayó que “el derecho a la asistencia jurídica gratuita asegura que la falta de recursos económicos no sea un impedimento”. En sus declaraciones, expresó el orgullo del Ejecutivo autonómico por este servicio, que considera una manifestación clara del valor de la Justicia como garante de igualdad.
El número de personas atendidas ha crecido un 30% respecto al año anterior.
La Comunidad destinará 60,4 millones de euros para asegurar este derecho constitucional.
Los casos más frecuentes se relacionan con el orden Penal (57,86%) y Civil (25,61%).
Para este año, el gobierno regional ha previsto una inversión total de 60,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 6% respecto a 2025. Estos fondos se canalizarán a través de los colegios de abogados y procuradores presentes en la región. Además, se destinarán 6,1 millones de euros a servicios complementarios como orientación jurídica, representación procesal y turno de oficio.
Según los datos presentados en la memoria anual, los expedientes más numerosos durante el pasado año fueron aquellos relacionados con el ámbito Penal (57,86%), seguidos por los casos Civiles (25,61%), Sociales (8,59%) y Contencioso Administrativo (7,92%). La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita también reportó un total de 747 llamadas, 1.250 encargos, y 156 consultas presenciales realizadas en las distintas oficinas dedicadas a Atención al Ciudadano.
Este servicio es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una defensa legal adecuada sin importar su situación económica. La importancia radica no solo en brindar apoyo legal a quienes lo necesitan, sino también en reforzar el principio constitucional que establece el derecho a una justicia equitativa para todos.
A medida que aumenta la demanda por estos servicios, se hace evidente que la inversión y expansión del programa son esenciales para mantener una sociedad justa e igualitaria. La asistencia jurídica gratuita no solo beneficia a individuos en situaciones vulnerables sino que también contribuye al fortalecimiento del sistema judicial en su conjunto.