La Comunidad de Madrid reporta una deuda del Gobierno central de 12.367 millones de euros, equivalente al 40% del presupuesto autonómico para 2026, afectando servicios públicos y compromisos legales.
La Comunidad de Madrid ha actualizado la cifra de deuda consolidada del Gobierno central con la región, elevándola a 12.367 millones de euros. Esta cantidad corresponde a obligaciones por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no cumplidos, representando un 40% del total del presupuesto autonómico para el año 2026.
Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, presentó estos datos en un encuentro informativo. En octubre, la deuda se estimaba en 10.500 millones, lo que significa un incremento de 1.867 millones en los últimos meses. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es casi equivalente al total destinado por la Comunidad a su sanidad pública durante todo el año.
Albert calificó esta situación como una “quiebra de la lealtad institucional”, enfatizando que se agrava por la falta de Presupuestos Generales del Estado, ya que en los últimos tres años no se ha presentado ningún proyecto. Según ella, esto constituye una “anomalía democrática sin precedentes”.
La consejera también criticó que el Gobierno central utiliza la ausencia de presupuestos como justificación para no actualizar las entregas a cuenta, que representan el 77% de los ingresos autonómicos. Este año, Madrid está recibiendo cantidades significativamente inferiores a lo que le corresponde: 129 millones menos al mes entre enero y marzo y 376 millones menos desde abril. La pérdida acumulada supera los 750 millones, además de otros 4,7 millones en intereses y rentabilidad perdida.
A modo de respuesta a esta situación crítica, Albert informó sobre una carta enviada al ministro de Hacienda, Arcadi España. En ella, el Ejecutivo madrileño solicita un Real Decreto Ley “urgente y específico” que actualice las entregas a cuenta para las comunidades autónomas sin mezclarlo con otros temas como desahucios o fiscalidad.
La consejera argumentó que este patrón se repite con cada norma aprobada por el Gobierno central: decisiones tomadas en Consejo de Ministros que luego son llevadas a conferencias sectoriales solo para informar y no para negociar. Esto genera un escenario donde las comunidades deben asumir costos sin tener voz en las decisiones que les afectan directamente.
De los 12.367 millones adeudados al gobierno regional, aproximadamente 6.276 millones corresponden a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. De esta suma:
A su vez, Asuntos Sociales acumula 2.668 millones, debido al incumplimiento de la Ley de Dependencia; Medio Ambiente suma 2.785 millones; mientras que otras áreas como Sanidad y Educación también presentan cifras significativas en términos de deuda pendiente.