Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, presentó en Cádiz una proposición de ley para erradicar las 'listas negras' en empresas, protegiendo la libertad sindical y el derecho de huelga.
El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha presentado en Cádiz una proposición de ley que busca proteger la libertad sindical y el derecho de huelga en el ámbito laboral. Esta iniciativa, registrada hoy en el Congreso, tiene como objetivo principal erradicar las conocidas 'listas negras' que las empresas utilizan para amedrentar a sus trabajadores.
Durante un encuentro con medios en la sede gaditana de IU, acompañado por Esperanza Gómez, cabeza de lista por Cádiz, Maíllo expresó su solidaridad con dos soldadores que han estado protestando durante dos semanas desde una grúa en Navantia, debido a que no pueden trabajar en la industria auxiliar del metal tras ser incluidos en esas listas negras. El candidato se reunió previamente con representantes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) para conocer más sobre la situación que enfrentan estos operarios, quienes llevan años sufriendo vetos laborales por su vinculación sindical.
Maíllo enfatizó que “no puede haber ‘listas negras’ en las empresas sobre personas comprometidas con el sindicalismo”, subrayando que esta práctica atenta contra derechos fundamentales y la democracia misma. La proposición de ley incluye modificaciones significativas tanto al Estatuto de los Trabajadores como a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En particular, se establece que cualquier trabajador tiene derecho “a no padecer persecución o represalia alguna” por su actividad o afiliación sindical.
Además, se proscribe específicamente la creación por parte del empleador de listados o archivos relacionados con trabajadores que ejercen su derecho a sindicarse o hacer huelga, con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación en el acceso o promoción laboral.
Dentro del marco normativo sobre infracciones y sanciones, se califica como “infracción muy grave” tanto la persecución como las represalias contra los trabajadores por ejercer sus derechos sindicales. Maíllo destacó la importancia de modificar los artículos 4 y 8 de ambas leyes para erradicar estas prácticas discriminatorias.
El líder de IU y Por Andalucía reiteró que esta propuesta es fundamental para eliminar las 'listas negras' utilizadas para discriminar a los empleados y equiparar estas acciones al impago salarial desde un punto de vista sancionador. Además, puso énfasis en que IU no solo es una coalición electoral sino también parte del Gobierno español, comprometido a aportar soluciones ante problemas laborales urgentes.
Los cambios legislativos propuestos impactarían directamente en los dos operarios que protestan en Navantia; sin embargo, Maíllo amplió su solidaridad hacia todos los trabajadores afectados por estas prácticas abusivas en diversos sectores como el metal, la hostelería y otros ámbitos laborales donde se utilizan 'listas negras'. Vinculó esta reforma con “la esencia misma de la democracia”, destacando cómo busca ofrecer soluciones concretas frente a situaciones injustas.
A preguntas sobre los operarios encaramados en una grúa, Maíllo instó a la SEPI y al Ministerio de Hacienda a intervenir y abordar este problema así como el modelo operativo actual de Navantia.
El candidato subrayó que Navantia debe ser más que una empresa tractora; debe involucrarse activamente en sus proyectos y garantizar condiciones laborales dignas tanto para sus empleados como para aquellos bajo subcontratación. Abogó por recuperar prácticas históricas donde las empresas públicas mantengan plantillas propias capaces de realizar parte del trabajo necesario.
Antonio Maíllo concluyó señalando que es crucial abrir un debate social sobre estas cuestiones para transformar indignación en propuestas efectivas que garanticen condiciones laborales justas y dignas para todos los trabajadores.
La proposición de ley busca erradicar las 'listas negras' de trabajadores elaboradas por empresas para amedrentar a sus plantillas, protegiendo así la libertad sindical y el derecho de huelga.
La proposición incluye que la elaboración de listas negras se considere una infracción muy grave, lo que implica sanciones significativas para los empleadores que discriminen a trabajadores por su afiliación sindical o ejercicio del derecho de huelga.
La ley tiene implicaciones directas para trabajadores en diversos sectores, como el metal y la hostelería, quienes han sufrido vetos laborales debido a su vinculación sindical. La propuesta busca proteger sus derechos y garantizar condiciones laborales dignas.
Se propone que cualquier trabajador tenga derecho a no sufrir represalias por su actividad sindical, prohibiendo específicamente la creación de listados por parte del empleador que discriminen a estos trabajadores en el acceso o promoción laboral.