El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ante la Comisión de Justicia del Congreso. La denuncia se centra en su política de nombramientos, que el PP considera que favorece la afinidad política con el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de priorizar el mérito y la capacidad profesional. Esta petición surge tras la decisión de no renovar a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid, lo que ha generado gran indignación entre los fiscales. El PP critica que las decisiones recientes refuercen un modelo de control político en la Fiscalía, afectando su independencia y prestigio. Las asociaciones de fiscales advierten sobre el daño irreparable causado por estas políticas.
El Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ante la Comisión de Justicia del Congreso. El objetivo es que Peramato explique su política de nombramientos al frente de la Fiscalía.
Desde el PP se denuncia que las decisiones tomadas por Peramato parecen indicar una estrategia que, en lugar de fortalecer la independencia de la Fiscalía, busca consolidar un modelo de control político. Este modelo prioriza la afinidad del Ministerio Público con el Gobierno de Pedro Sánchez, en detrimento del mérito y la trayectoria profesional.
Esta solicitud para una comparecencia llega tras conocerse que la Fiscalía General del Estado no renovará a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. A pesar de su destacada trayectoria profesional, Lastra fue superada en el escalafón por una designada que ocupaba el puesto 800 posiciones más abajo. Esta decisión ha generado una gran indignación dentro de la carrera fiscal, siendo calificada como un verdadero escándalo.
Además, el PP señala que esta situación se repite en otros casos. Por ejemplo, el nombramiento para Teniente de la Fiscalía Superior de Galicia favoreció a una fiscal con vínculos personales directos con Álvaro García Ortiz, quien se encontraba en una posición inferior dentro del escalafón. A pesar de haber competido con siete candidatos más, fue elegida a pesar de estar penúltima en méritos.
Para el Partido Popular, estos incidentes no solo agravan la crisis provocada por García Ortiz, sino que también alimentan la desconfianza hacia una institución cuya labor diaria es defendida por una mayoría de fiscales. La situación es especialmente delicada tras las declaraciones públicas del presidente del Gobierno sobre el control ejercido sobre la Fiscalía.
Las asociaciones fiscales han alertado sobre el “daño irreparable” a la institución debido a las decisiones tomadas por Peramato y han advertido sobre un riesgo sin precedentes de control político. Según Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, los nombramientos evidencian una continuidad con su predecesor donde priman la fidelidad orgánica y no el mérito.
La ignorancia del escalafón y los méritos superiores de algunos candidatos refuerzan la percepción de que lo único válido para ascender es la afinidad ideológica.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 800 | Puestos por detrás de Almudena Lastra en el escalafón. |
| 7 | Candidatos para la plaza de Teniente de la Fiscalía Superior de Galicia. |
| 800 | Puestos por detrás del primero en el escalafón para la fiscal elegida. |
El Partido Popular exige la comparecencia urgente de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, para que explique su política de nombramientos al frente de la Fiscalía, acusándola de implementar una estrategia que prioriza la afinidad política sobre el mérito y la capacidad profesional.
La controversia se ha intensificado tras la decisión de no renovar a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid, a pesar de su destacada trayectoria. Además, se cuestiona el nombramiento de una fiscal con menos méritos en comparación con otros candidatos para un puesto importante en Galicia.
Las asociaciones de fiscales han advertido sobre el "daño irreparable" que las decisiones de Peramato están causando a la institución y han expresado su preocupación por un control político sin precedentes sobre la Fiscalía.
El Partido Popular sostiene que estas decisiones ahondan en la desconfianza hacia la Fiscalía y afectan negativamente el prestigio de la institución, especialmente en un momento crítico tras los comentarios del presidente del Gobierno sobre el control sobre la misma.