Los obispos aprueban un decreto para multar a laicos y clérigos que cometan delitos
Las 262 oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y congregaciones españolas recibieron en 2025 un total de 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas por la Iglesia en los últimos cinco años y a 1.000 los presuntos agresores, según ha informado este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.
Además, casi medio millón de personas, un total de 465.465, entre ellos, 363.060 menores, 34.175 profesores, 32.310 padres, 19.265 agentes de pastoral, monitores de tiempo libre y catequistas, así como 7.712 sacerdotes y religiosos, y 1.388 seminaristas y religiosos en formación, recibieron el año pasado formación para la prevención de abusos y protección de menores.
Así lo ha detallado García Magán en la rueda de prensa posterior a la 129 Asamblea Plenaria de la CEE, García Magán ha explicado que el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores ha presentado a los obispos la actividad de estas oficinas creadas en 2020, "como hace siempre en la Plenaria de primavera".
Por otro lado, los obispos han aprobado en la Asamblea Plenaria un decreto general legislativo para multar a laicos y clérigos que cometan delitos, no solo de abusos.
García Magán ha precisado que con este decreto, que ahora mandarán a Roma para recibir el 'plácet' de la Santa Sede, se adaptan al nuevo libro VI de derecho penal canónico que se promulgó durante el pontificado del Papa Francisco y que "articula las penas canónicas por todos los delitos en general".
Según ha explicado, las penas mayores son "las censuras" que incluyen "excomunión, entredicho y suspensión" y, a continuación, están las "penas expiatorias". Dentro de estas últimas es donde el nuevo texto recupera las "multas pecuniarias", es decir, sanciones económicas en las que se obliga al condenado a entregar un dinero para fines de la Iglesia.
Preguntado por las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acerca del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para poner en marcha el nuevo sistema mixto de reparación e indemnización a víctimas de abusos, García Magán ha puntualizado que el ministro cayó en una "serie de imprecisiones" porque "la Iglesia lleva años pagando" indemnizaciones a víctimas" ya sea "por vía judicial, como canónica", a través del "Plan PRIVA" y "en acuerdos fuera del ámbito estrictamente judicial".
Además, ha defendido la figura del Defensor del Pueblo y ha aclarado que "no trabaja para el Gobierno" sino que "da cuentas al Parlamento". "Creo que ningún defensor del pueblo, mucho menos este, Ángel Gabilondo, aceptaría considerarse un funcionario del Gobierno", ha indicado, añadiendo que Gabilondo "no actúa al dictado del Gobierno sino en la legalidad y según su conciencia".
De cara a la visita del Papa León XIV a España en junio, el portavoz de los obispos ha asegurado que "un encuentro con las víctimas sería bueno".
Fuentes del Plan PRIVA han precisado a Europa Press que desde que empezaron a recibir solicitudes de reparación a víctimas de pederastia en febrero de 2025, hace poco más de un año, hasta principios de este mes de abril, han recibido 156 solitudes (15 en el útimo mes, desde marzo) y han emitido 94 dictámenes de reparación integral. Además, han puntualizado que en marzo, la cuantía económica total de las indemnizaciones superó los 2 millones de euros.