La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de varios expedientes sancionadores por "indicios de infracción" en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025.
El organismo ha recordado en un comunicado que, a raíz del apagón, inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del 'cero eléctrico' y determinar los hechos relevantes "bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica".
De esta manera, como resultado de las investigaciones, la CNMC ha detectado "diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas".
En este contexto, la CNMC ha comunicado este viernes que ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios. No obstante, precisa que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial".
PROCEDIMIENTOS ENTRE 9 Y 18 MESES
"La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación", subraya Competencia. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los 9 y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción.
En todo caso, la CNMC subraya que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.
El pasado mes de marzo, la CNMC ya publicó su informe sobre el cero eléctrico, en el que aprobaba recomendaciones y propuestas pero no entraba en el fondo de señalar posibles culpables del evento.
En ese documento, el regulador constataba que el 28 de abril de 2025 se disponía de las "herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro" para haber evitado el apagón eléctrico, aunque consideraba necesario abordar mejoras en el sistema eléctrico "para dar respuesta a las necesidades actuales del sistema y dotarlo de mayor robustez", así como en la red de telecomunicaciones y ferroviaria.
Así, el informe tenía una naturaleza consultiva y se emitía "sin perjuicio del resto de actuaciones que resulten procedentes en el marco de la investigación abierta sobre el incidente".