NACIONAL

Ribera crea una unidad de medidas antifraude en el Ministerio para controlar los fondos europeos

Martes 03 de enero de 2023

En la orden se recuerda que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación debe disponer obligatoriamente de un plan de medidas antifraude



El Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico ha dictado una orden con el objetivo de crear en su seno una unidad de medidas antifraude. El plan de la cartera que dirige Teresa Ribera tiene el fin de controlar los proyectos asociados a su departamento que se financien con los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación.

En la orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recoge Europa Press, se recuerda que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación debe disponer obligatoriamente de un plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En cumplimiento de dicho mandato, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado, a través de su Subsecretaría, un plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado para la gestión de todos los proyectos financiados con cargo a los fondos europeos.

Mediante este plan se definen las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude en los recursos financieros del Plan de Recuperación con la finalidad de prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos financieros procedentes de la Unión Europea no se malgasten y cumplan los fines para los que están asignados.

"El citado plan se configura como un instrumento de planificación vivo y flexible, que permite su modificación mediante nuevas instrucciones, normativa o guías para la elaboración de estos planes, así como mantener una revisión continua de cada una de las medidas planificadas en la lucha contra el fraude para su perfeccionamiento", explica el Ministerio.