La juez Carmen Rodríguez-Medel ha dictado una providencia en la que solicita a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que informen sobre los "eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo" y si algún acto así fue "suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el covid-19".
Entre estos eventos, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid incluye en su providencia los "deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros".
Rodríguez-Medel dicta esta orden a petición de la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la investigación por la celebración de manifestaciones masivas como lo fue la del 8-M en la capital coincidiendo con el principio de la epidemia de coronavirus en España.
TOMA DECLARACION A OTROS 15 TESTIGOS
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga a delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa al autorizar la marcha feminista del 8-M en plena expansión de la pandemia, continúa este jueves la ronda de interrogatorios con 15 declaraciones de testigos.
De hecho, desde las 9.00 horas la magistrada escucha a otros cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativos del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz; y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.
Tras ellos, y también por la mañana comparecerán tres promotores de manifestaciones Javier Gómez Ochoa, de CCOO Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de 'Anonymus for the voiceless Animal Save'; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.
Esta tarde continuarán las declaraciones en los juzgados de Plaza de Castilla, y será el turno de los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran. Declararán Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.
Este miércoles declaró durante más de hora y media Franco, y ante la magistrada apuntó que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid.