Jueves 02 de octubre de 2014
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado que el movimiento 15-M ha avanzado hacia "posiciones más radicales" tras dos años de vida, pero ha reconocido que algunas de sus propuestas ya están en las agendas de los partidos políticos.
En los Desayunos de Europa Press, Cifuentes ha recordado que dicho movimiento se dio a conocer el 15 de mayo de 2011, y "aglutinó entonces el descontento de muchos ciudadanos y el requerimiento de llevar a cabo determinados cambios en el sistema, configurando el colectivo de los llamados 'indignados'.
De hecho, ha reconocido que el 15-M fue "un movimiento pionero que supuso una fuerte crítica al sistema, compartida en mayor o menor medida por muchos ciudadanos, participantes o no, en las manifestaciones y asambleas organizadas por sus promotores, un movimiento que constituyó el punto de partida de muchas otras iniciativas de carácter reivindicativo que han tenido la calle como principal escenario".
Además, ha señalado que como democracia representativa que es España, los partidos "también debe ser receptiva a los planteamientos que formulan los ciudadanos a través de los movimientos sociales, cuando siguen los cauces legales y se plantean reivindicaciones legítimas y posibles".
"En la propia esencia de nuestra democracia radican, precisamente, mecanismos para trasladar inquietudes y propuestas al Gobierno y a los partidos políticos, entre ellas, y de manera singular, el derecho de reunión y manifestación", ha indicado.
De hecho, la delegada del Gobierno ha afirmado que a lo largo de los dos años transcurridos desde su nacimiento, algunas de las propuestas del 15-M y otros movimientos sociales "que en un principio parecían utópicas, han pasado a formar parte de la agenda de los propios partidos políticos".
"Y es lógico que sea así, porque la democracia y las instituciones en las que se materializa, deben tratar en la medida de lo posible de ser permeables a las propuestas de los ciudadanos, contribuyendo así a evitar la existencia de una brecha insalvable entre la calle, los partidos y el Parlamento", ha apuntado.
De hecho, Cifuentes considera que los partidos, el Parlamento y los movimientos sociales "son piezas imprescindibles de una democracia viva y elementos esenciales para la convivencia en libertad, porque ni todas las propuestas que formulan estos movimientos son rechazables y deben ser estigmatizadas por su origen, ni todas, por supuesto, pueden ser asumidas de manera directa e inmediata".
CREE QUE LOS ESCRACHES TIENEN QUE SANCIONARSE
Cifuentes se ha posicionado a favor de que los 'escraches' ante los domicilios de cargos políticos sean sancionados, ya que, a su entender, suponen una infracción administrativa.
Según la delegada, sí hay delito o no debe decirlo un juez, pero ha añadido que como delegada del Gobierno sí que puede "determinar" una infracción administrativa porque se produce un "incumplimiento de la ley" y, "en el mejor de los casos, concentraciones no comunicadas".
En este sentido, ha explicado que en esos casos se aplica la ley que regula el derecho de reunión y la ley de seguridad ciudadana, que
suponen sanciones y la iniciación de un procedimiento administrativo
del que se derivan sanciones por falta grave o sanciones leves.
CONTRIBUIR DESDE LOS REPRESENTANTES LEGÍTIMAMENTE ELEGIDOS
De hecho, ha insistido en que estos movimientos sociales "pueden contribuir con sus iniciativas y propuestas a transformar el sistema". Eso sí, para la delegada, deben hacerlo mediante los representantes legítimamente elegidos a través de los partidos políticos, "y utilizando los mecanismos legales que existen para ello, como las iniciativas legislativas populares".
"No hay que olvidar que los movimientos sociales pueden tratar de conformar la voluntad del Parlamento y del Gobierno, pero no son ni pueden sustituir a las instituciones democráticamente elegidas con el voto de los ciudadanos", ha concluido.
CULPA AL PSOE DE APROBAR EL DESAHUCIO `EXPRES´
Durante su intervención la delegada del Gobierno en Madrid también ha acusado al PSOE de aprobar el desahucio exprés y crear nuevos juzgados para agilizar este tipo de acciones y rechazaran la dación en pago cuando gobernaron.
En los Desayunos de Europa Press, Cifuentes ha afirmado que, en cambio, el Gobierno del Partido Popular (PP) está impulsando de manera simultánea un proceso de reformas y de regeneración democrática, "para hacer frente al drama del paro y a los desahucios, y para prevenir y erradicar cualquier atisbo de corrupción".
"Buena muestra de ello son las iniciativas orientadas a reactivar la economía, potenciar la transparencia o proteger a los deudores hipotecarios, medida ésta para luchar contra el drama de los desahucios", ha indicado. La delegada del Gobierno también ha señalado que la mayoría de los desahucios se iniciaron durante el mandato socialista.