Jueves 02 de octubre de 2014
Mientras aumenta las partidas a las empresas concesionarias de basuras o limpiezas
El grupo municipal de Izquierda Unida – Los Verdes en Majadahonda ha presentado alegaciones al proyecto de presupuestos municipales de 2013 del gobierno municipal del PP de Majadahonda que, según la coalición, no sólo presenta graves defectos de forma, si no que además están marcados por los recortes sociales.
Según IU-V, los nuevos presupuestos majariegos "ahondan en la línea profundamente antisocial que el gobierno del PP practica desde que comenzó la crisis, ya que los gastos de los grandes contratos con empresas privadas que gestionan las basuras, la limpieza viaria o el mantenimiento de parques y jardines no paran de aumentar a pesar de las graves carencias en el servicio que denuncian los vecinos y vecinas, pero por el contrario descienden otro año más las partidas destinadas a servicios sociales, dependencia, fomento del empleo o educación".
Destacan además desde la coalición que una gran parte de los ingresos que se contemplan en estos presupuestos son a través del IBI (en un 45%), es decir, a través de los bolsillos de los vecinos y vecinas. Al mismo tiempo, las concesiones municipales que obtienen cuantiosos beneficios como el Bulevar Cervantes, el Gimnasio Físico o el Golf apenas aportan un 1% de los ingresos municipales.
Para Juancho Santana, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes, “estos presupuestos, un año más, no son los presupuestos que necesitan los vecinos y vecinas de Majadahonda. El PP insiste con su injusta política de hacer de Majadahonda un municipio cada vez más excluyente, con un IBI elevadísimo y a cambio los vecinos reciben recortes y privatizaciones de los servicios que los hacen caros e inaccesibles”.
Asimismo insisten desde este grupo municipal en la falta de rigurosidad del gobierno local en sus previsiones, al haber elaborado unos presupuestos sin tener en cuenta los drásticos recortes de cerca del 40% en las transferencias de la Comunidad de Madrid a los Ayuntamientos para sufragar servicios tan costosos como las BESCAM u otros.