El PSOE esgrime la admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la capitalización de la entidad, presentado por 50 senadores socialistas, y la Asamblea, con los votos mayoritarios del PP, se personará contra el mismo
Jueves 02 de octubre de 2014
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid no ha conseguido que Esperanza Aguirre paralice la privatización del Canal de Isabel II, tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad que han presentado 50 senadores socialistas contra la Ley de la Comunidad de Madrid que permitiría la entrada de capital privado en el Canal de Isabel II. Es más, el pleno de la Asamblea de Madrid, con la mayoría del PP, ha aprobado que la Cámara autonómica se persone contra el recurso.
Se trata de una providencia fechada el pasado 8 de mayo en la que el Alto Tribunal admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el artículo 5 de la Ley de la Comunidad de Madrid 6/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
En ella se acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), "al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, así como a la Comunidad de Madrid y a la Asamblea de Madrid, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes".
Asimismo, el TC ordena publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
El pasado 27 de marzo, el secretario general del PSM y diputado regional, Tomás Gómez, anunció la presentación de este recurso. Para ello, se necesitaba la firma de cerca de 50 senadores del PSOE.
En la Asamblea de Madrid, Gómez recordó que en el Parlamento autonómico adquirieron el "compromiso" con "todos los madrileños" de llevar adelante este recurso como "un mecanismo más para frenar lo que ha decidido el Gobierno de la señora Aguirre".
La Cámara también ha vivido otras actuaciones contra la salida a Bolsa del Canal de Isabel II como es la iniciativa legislativa municipal contra la capitalización de la empresa de aguas, que no ha conseguido salir adelante.
En el mismo Pleno, la diputada socialista Amparo Valcarce ha pedido la paralización de esta privatización argumentando que el balance de la situación del Canal es "altamente positiva", ha mejorado el balance económico en 4,5 millones de euros, ha descendido la deuda y ha descendido el pasivo no corriente.
"No hay ninguna razón para no privatizar el Canal. Ustedes llevan a cabo políticas de decadencia y recortes, hacen lo posible y más para que los ricos no paguen impuesto pero luego aumentan las tasas", ha esgrimido Valcarce, que cree que con el proceso de privatización "no se garantiza la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima".
La parlamentaria regional socialista ha afirmado que sacar el Canal a Bolsa es una mala solución debido a la situación de la Bolsa teniendo en cuenta que el ministro de Economía, Luis de Guindos, "no recomienda a los bancos nacionalizados salir a Bolsa".
"El expolio a los madrileños puede ser un negocio ruinoso que pagaríamos los ciudadanos años y años. El sentido común y la Justicia piden que pare la privatización del Canal", ha pedido al vicepresidente regional y presidente del Canal, Ignacio González, al que ha vuelto a solicitar su declaración de bienes e intereses aunque ha augurado que "no tendrá dinero para comprar el Canal y eso que Aguirre es pobre de pedir".
En su turno de intervención, el vicepresidente autonómico ha asegurado que la admisión del recurso contra la privatización del Canal por parte del Supremo no significa nada más que eso mismo "y que no paraliza nada", y que el Alto Tribunal tuvo que admitirla a trámite porque el recurso "estaba bien formulado".
González ha acusado a los socialistas de ser ellos los que intentan generar inseguridad jurídica sobre el Canal y ha subrayado que el proceso de privatización es "un proceso con transparencia, cumpliendo todos los requisitos legales".
Por otro lado, ha criticado el "ejemplo de coherencia" que, a su juicio, supone el hecho de que 29 del grupo de senadores socialistas que presentaron el recurso ante el Tribunal Supremo viven en provincias y ciudades donde el agua está privatizada, por lo que ha pedido al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que pidan a dichos senadores su firma para oponerse a las privatizaciones del agua de sus ciudades.
El presidente del Canal también ha reprochado a Valcarce que se queje de la privatización del 49 por ciento del Canal de Isabel II cuando en León, donde la socialista dedicó parte de su trayectoria política, una concejal de su mismo partido ha defendido la medida privatizadora del agua. "Dijo que es factible, que se aplica en muchos lugares, que permitirá modernizar las infraestructuras y que es legal", ha agregado.
Por último, González se ha comprometido a vender el 49 por ciento del Canal en un proceso público, pero estudiará si saldrá o no a Bolsa, que dependerá de los mercados.
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