La Comunidad dice que la atención a las personas dependientes es 12 puntos por encima de la media nacional

El Gobierno regional ha manifestado que la atención a las personas dependientes beneficiarias se sitúa 12 puntos por encima de la media nacional, un 82,50 por ciento frente a un 70,36 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Así lo ha señalado el director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, que ha respondido así al suspenso (4 sobre 10) con el que el Observatorio Estatal ha calificado la aplicación de la ley de Dependencia en la región. García ha manifestado que desconoce "la metodología que utiliza esta asociación que se autodenomina 'estatal'" y ha calificado de "partidista" a la plataforma. Asimismo, ha acusado al Observatorio de ser "el brazo social de la izquierda". "Madrid es la comunidad autónoma con más plazas de residencia y centros de día para las personas que se encuentran en situación de dependencia, que es el recurso más profesionalizado de todos los que ofrece la cartera de servicio de la Ley de Dependencia", ha dicho. Por ello, ha considerado que "esta asociación debería felicitar a la Comunidad de Madrid por apostar por servicios profesionalizados" y ha exigido al Observatorio que "deje de utilizar los datos de forma partidista y deje ser el brazo social de la izquierda", ha apuntado. La Comunidad de Madrid suspende en la aplicación de la Ley de la Dependencia, obteniendo un cuatro sobre diez, según el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que resuelve que Castilla y León y País Vasco son las regiones más sobresalientes (con un diez sobre diez) en la aplicación de dicha la ley. El informe presentado por la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (EDGSS) otorga el suspenso a seis comunidades: Baleares (4,5), Madrid (4), Ceuta y Melilla (3), Asturias (2,5), Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5). Por encima del aprobado también se situaron Aragón (8,5), Castilla La Mancha (8,5), Andalucía (8), Cantabria (7), Cataluña (6,5), Navarra (6), Murcia, Extremadura y Galicia (5,5). Con un recorte de unos 1.000 millones de euros para desarrollar esta ley, el esfuerzo realizado por habitante durante este año por la Administración General del Estado se quedó en 43,31 euros, frente a los 81,07 euros destinados por las administraciones autonómicas. Por regiones, La Rioja y Cantabria fueron las que mayor esfuerzo realizaron por habitante, con 161,16 y 149,57 euros, respectivamente. En el lado opuesto, Canarias (17,83 euros por habitante) y Baleares (45,28 euros por habitante).