29/06/2011.- El debate sobre el estado de la nación de este año es inútil para los ciudadanos y contraproducente para los intereses políticos. Muchas sorpresas tendrían que darse para que ésta previsión cambiara y los ciudadanos no se sintieran defraudados. Las filtraciones de unos y de otros pretenden crear un escenario favorable a sus intereses con un presidente del Gobierno que tiene que dar cuentas de su gestión en el último año con la única perspectiva de conseguir algún beneficio para el candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba; y con un líder de la oposición que tendrá que nadar y guardar la ropa para no desvelar demasiadas opciones que le puedan perjudicar en la campaña electoral hacia La Moncloa. Le pueden acusar de no aportar soluciones y de no contribuir a los esfuerzos por sacar a España de la crisis. La última votación en el Congreso sobre la negociación colectiva fue un nuevo episodio de falta de acuerdo entre los grandes partidos para adoptar las medidas imprescindibles contra la crisis y el paro galopante.
Ninguno de los dos desea que se les relacione con las nuevas medidas de ajuste y recortes que necesita la economía española y que en estos días nos están recordando los mercados internacionales que han situado el diferencial de deuda española en los 300 puntos básicos. La justificación del caso griego explica sólo en parte la situación que sufre la credibilidad española que depende más de una reformas hechas tarde y a medias, con un saneamiento muy lento del sistema financiero, excesivamente intoxicado por el pasivo inmobiliario, sobre todo las cajas de ahorro, y con un gasto incontrolado de las comunidades autónomas que podría aflorar con una realidad asoladora si los números no casan, según han vaticinado los nuevos regidores tras las elecciones del 22 de mayo. Los líderes políticos cumplirán el trámite, sin dejarse demasiados pelos en una gatera donde la preocupación se alimenta no sólo del paro sino de la presencia de Bildu en las instituciones vascas que exige una reafirmación de la autoridad del Estado frente a las decisiones provocadoras e inaceptables que se han registrado en el ayuntamiento de San Sebastián y en otros lugares de Guipúzcoa. La imagen de un gobierno central débil, a merced de los intereses nacionalistas para mantener agónicamente una legislatura agotada, debería hacer reflexionar sobre la necesidad de revisar, entre otras, la Ley Electoral.