El exalcalde de Boadilla, Juan Siguero, defiende la legalidad de la adjudicación de tres expedientes sospechosos

El ex alcalde de Boadilla del Monte Juan Siguero ha defendido en su declaración ante el juez Antonio Pedreira la legalidad en la tramitación de tres expedientes de adjudicación de obras, entre ellos la Ciudad del Deporte y la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte.

Siguero ha prestado declaración durante más de dos horas por delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, así como por su posible colaboración como cooperador necesario de los delitos que se le imputan al ex regidor Arturo González Panero.

Fuentes jurídicas han indicado que el magistrado instructor mantiene la imputación de Siguero por las infracciones penales citadas. Pedreira ha acordado no imponer al imputado ninguna medida cautelar.

A su salida de la comparecencia, Siguero ha destacado que se ha limitado a responder a las preguntas formuladas por las fiscales y por el abogado del PSOE, Wilfredo Jurado. Así, ha insistido que ni conoce al empresario Francisco Correa ni a ningún otro miembro de la trama corrupta.

"Me he limitado a trabajar por y para mi municipio con total responsabilidad y no he tenido ningún contacto con nadie de la trama", ha recalcado Siguero, quien dimitió de su cargo como alcalde tras conocer la imputación por su vinculación a la red corrupta.

Por su parte, su abogado defensor ha recalcado que su declaración constituye "un pilar importante" para que en un futuro se le levante la imputación, puesto que quedará demostrada su inocencia. "Su actuación en Boadilla no es falta ni delito", ha reseñado el letrado

En concreto, al exalcale se le imputa como presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios del artículo 442 del Código Penal, prevaricación del artículo 404, de tráfico de influencias del artículo 428, así como posible colaboración como cooperador en los delitos de los que se acusa a Panero.

Panero afronta una de las fianzas más altas impuestas a los imputados, siendo de 1,8 millones de euros por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.

Respecto a Siguero, el sumario incorpora un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal denominado 'Informe sobre Boadilla del Monte' en el que se acusa al actual regidor de facilitar a "la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio".

En este informe, la UDEF asegura que Juan Siguero "participa en el diseño de los pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la organización".

Además, señala que "existe una negociación previa a la publicación del concurso entre el órgano contratante, representado por Juan Siguero, y el grupo de empresas de Francisco Correa".

También relacionado con el caso Gürtel, el ex diputado del PP Jesús Merino solicitará en los próximos días al magistrado Antonio Pedreira, declarar por segunda vez en la causa para aportar datos que contribuyan a que el juez levante su imputación en el proceso penal, han informado fuentes jurídicas.

La petición se producirá poco después de que la Fiscalía Anticorrupción se haya opuesto a su solicitud de sobreseimiento al entender que concurren numerosos indicios de la recepción de dádivas y de haber cometido un presunto delito de cohecho.

Al igual que el ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino declaró ante el Tribunal Supremo por su entonces condición de parlamentario. Tanto Bárcenas como Merino dejaron sus actas el pasado abril, pasando su causa al TSJM.

En un escrito fechado el pasado 11 de enero, las fiscales del caso se muestran contrarias a acceder a la petición del abogado de Merino de levantar su imputación ante la insuficiencia de indicios incriminatorios.

"En cuanto a la existencia de indicios generadores de la instrucción penal, los mismos fueron expuestos en un informe de la Fiscalía de 9 de junio de 2009, y no han sido desvirtuados, sino que se han visto confirmados con el avance de la instrucción", reseña la Fiscalía.

En su escrito, la defensa de Merino acusó al magistrado instructor Antonio Pedreira de "acudir a la imaginación" para suplir la falta de pruebas en la implicación de su cliente en la presunta recepción de comisiones de la adjudicación de la Variante de Olleros de Alba (León).

Así constaba en un escrito de alegaciones que complementa el recurso de reforma interpuesto por su defensa contra el auto de 29 de noviembre de 2010 que acordó la inhibición parcial a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la implicación del presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, en el 'caso Gürtel'.

Un informe de la UDEF de 30 de junio de 2010 contenido en el sumario, al que tuvo acceso Europa Press, señala que el cerebro de la trama, Francisco Correa; el ex senador y ex tesorero nacional Luis Bárcenas; el ex diputado Jesús Merino; y Gerardo Galeote recibieron 60.000 euros cada uno por la adjudicación a Teconsa de la construcción de la Variante de Olleros de Alba.

Ante esta afirmación, la defensa de Merino remitió al TSJM un escrito de alegaciones complementarias a su recurso de reforma en las que asegura que no hay pruebas para sustentar la acusación contra su patrocinado en lo relativo a esta parte del sumario.

"No se trata de ninguna concesión, concurso, contratación o adjudicación pública, ni el proyecto ha recibido ni un solo euro de la Junta de Castilla y León o de cualquier administración provincial o local, pese a lo afirmado reiteradamente por la UDEF en su informe de 30 de julio de 2010, falseando la realidad de los hechos para implicar a Jesús Merino en una hipotética prevaricación o cohecho", recoge el escrito.

Además, recuerda que el informe destaca la relación existente entre determinadas personas ocultas por siglas con la Mercantil Shinaker 2000 S.L., de la que serían socios entre 2001 y 2004.

"Dicha afirmación es radicalmente falsa. Jesús Merino jamás ha sido socio o ha ostentado cargo alguno en Shinaker, con la que tampoco ha mantenido relación profesional alguna", recalca el abogado del ex diputado popular.