El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha apuntado directamente al Gobierno central de ser el responsable de los retrasos en los pagos a proveedores del Ayuntamiento de la capital y del resto de corporaciones de España, tras la decisión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de no permitir la refinanciación de la deuda municipal que vence este año. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el primer edil ha afirmado que "hay que ser consciente de que si hay algún retraso en los pagos (a los proveedores de los consistorios), la responsabilidad es de quien ha obligado a los ayuntamientos a convertir en comercial la deuda financiera", inclusive si esos retrasos generan despidos en las empresas. Preguntado por la responsabilidad que, en esa situación, puede tener el Ayuntamiento, Gallardón se ha limitado a decir que "la responsabilidad de cada ayuntamiento y cada gestor municipal es sobre qué se ha hecho con los recursos públicos". "Y yo soy, desde luego, absolutamente responsable de las inversiones que nosotros hemos hecho y de la deuda contraída en proyectos como la Calle 30 o la ampliación del Metro, así como de que, en estos momentos, Madrid tenga las mejores condiciones de competitividad de España con una presión fiscal muy por debajo de la media", ha apostillado.
DEUDA FINANCIERA A DEUDA COMERCIAL Además, ha explicado que la decisión explicitada este miércoles por Zapatero no provocará nuevos efectos negativos en las cuentas de las corporaciones locales, sino que dará continuidad a los que ya se han estado produciendo a lo largo de este ejercicio. "Nosotros solicitamos que se pusiera fin a una situación de discriminación que ya existía; más que buscar o esperar nuevos efectos de la negativa de ayer, lo que no hemos conseguido es acabar con los efectos que la discriminación ya vigente en este ejercicio presupuestario", ha matizado. Por ello, en 2011 los consistorios españoles sufrirán las "mismas situaciones de tensión de Tesorería" que a lo largo de este año, lo que provocará retrasos en el pago a proveedores en "los plazos que vayan marcando las circunstancias". "Pero es evidente que, si el Gobierno hubiese atendido las peticiones de Madrid, habría acabado con la paradoja de que, sin ser exigible la deuda financiera (que las corporaciones locales tienen) con los bancos, se obliga a anticipar el pago de la deuda incluso con los ahorros generados, en lugar de pagar a los proveedores", ha considerado, resumiendo en que "se obliga a los ayuntamientos a convertir en deuda comercial lo que es una deuda financiera". En cualquier caso, el regidor madrileño ha asegurado que las empresas suministradoras de bienes y servicios de la capital no han amenazado con dejar sin cumplir sus compromisos si no reciben el dinero por adelantado, y ha recordado que lo que querían estas compañías era "que se cumpliera la ley vigente del ICO" para pago a proveedores. Así, a partir de ahora "los plazos (de pago a proveedores) serán los que marque la tensión de Tesorería de cada corporación local". En el caso de Madrid, ya se superan los nueve meses de media, y no se descarta que se pueda llegar al año de retraso en el abono de algunas facturas. "Nosotros sabemos que habrá esa tensión, haremos frente a nuestras obligaciones y, con la misma sinceridad con que decimos que la medida del Gobierno de obligar a convertir en deuda comercial la financiera no nos va a hacer posible cumplir los plazos de Ley de Morosidad, sí cumpliremos todas nuestras obligaciones en los plazos que nos permita la tensión de Tesorería que nos ha creado la discriminación del Gobierno", ha zanjado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aconsejado al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, emprender un "gran plan de amortización" en el que sacar a subasta para venta edificios dependientes del Consistorio con el fin de reducir su deuda. En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, la jefa del Ejecutivo madrileño fue preguntada por qué haría ella para enfrentarse a la deuda municipal si fuera alcaldesa. "Haría un gran de desamortización", ha respondido, recordando la que hizo Mendizábal en 1836, "la que se llamó manos muertas y que tuvo consecuencias muy malas para el Patrimonio histórico artístico o para los conventos". Aguirre ha manifestado que el Ayuntamiento de Madrid "es propietario de muchísimos edificios" que, a su juicio, "habría que sacar a pública subasta y vender", especialmente en momentos de crisis como los actuales. "No veo por qué las Concejalías tienen que estar situadas en los sitios más caros de Madrid", ha considerado, razón por la que justifica el Plan de desamortización. Aguirre no ha citado ningún inmueble concreto para su venta, pero ha dicho que le consta por su etapa vital en el Consistorio madrileño, que "el patrimonio del Ayuntamiento de Madrid es inmenso". "Ya se lo dije a Juan Bravo. Le recomiendo que se convierta en Juan Mendizábal. No se lo dije a Gallardón pero se lo dijo ahora también y no veo por qué puede recibir estas cuestiones mal. Estoy segura de que se puede reagrupar la Administración municipal. Todas las empresas lo han hecho", ha apuntado. La dirigente regional también ha abogado por reducir el espacio dedicado a oficinas públicas porque "hay que pagar a los proveedores" ya que, sino, "las empresas quiebran y la gente se queda en el paro". Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha pedido al alcalde de la capital que deje de ser un "manirroto" y que no vaya de "víctima" después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le negara ayer la posibilidad de refinanciar deuda. "Lo que debe hacer Alberto Ruiz-Gallardón es dejar de ser un manirroto y no ir de víctima. Debe acabar con los 1.500 altos cargos, con los alquileres millonarios o con el pozo sin fondo en el que se ha convertido el Palacio de Cibeles", ha sostenido el socialista a través de un comunicado. Y es que considera que el primer edil ha llevado al Ayuntamiento a "un callejón con una difícil salida pero luego culpa a los demás de su negligencia e intenta esconderse detrás de los demás ayuntamientos". Lucas ha repetido que "no puede haber un trato especial" para el Consistorio madrileño y que "no se puede ir contra la ley porque Gallardón lo pida". "La ley es igual para todos. Discriminatorio hubiera sido tratar a Gallardón de manera diferente que al resto de alcaldes de los ayuntamientos españoles", ha defendido el edil. Una visión muy diferente es la que tiene el propio alcalde, que en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ha matizado que lo que le pidió al presidente de Gobierno fue el "fin de la discriminación" de las corporaciones locales con respecto a las comunidades autónomas. "Todos los ayuntamientos reclamamos el fin de la discriminación y ayer no pedimos una excepción, como lo reconoció el presidente del Gobierno", ha sostenido Gallardón. Para eso ha echado mano del documento remitido por Moncloa, encabezado por unas líneas en las que se reconoce que lo que pide el regidor madrileño es "lo mismo que viene pidiendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)". Por otro lado, David Lucas ha apuntado que el Gobierno de España ha sido "responsable y ha permitido a Gallardón lo único que está dentro de los márgenes de le legislación vigente", esto es, la surrogación de la deuda de la M-30 para añadir, a renglón seguido, que el primer edil es "el único culpable de la situación generada, ya que ha contraído la descomunal deuda del Ayuntamiento de Madrid, y lo más preocupante es que no sabe cómo reconducir ni la deuda ni la penosa situación económica del municipio". Por último, Lucas ha añadido que Gallardón es "el prototipo del modelo de gestión que Mariano Rajoy quiere implantar en España, con más déficit, más deuda, más impuestos, menos servicios públicos, menos política social y descontrol de las cuentas públicas". Desde IU, el portavoz municipal, Angel Pérez, ha señalado que la cuestión de fondo en la financiación de las haciendas locales es la reasignación de los recursos públicos procedentes del Estado, sobre todo cuando la Comunidad de Madrid, en este caso, "ejerce de esponja" de los que tendrían que destinarse a los consistorios. "La cuestión de fondo es que hay que asignar democráticamente los recursos públicos del Estado" pero se da una situación, en palabras de Pérez, en la que la Comunidad "ejerce de esponja" perjudicando a los ayuntamientos. Todo ello después de que ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negara al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, la petición de refinanciar deuda. Para Pérez, el centro de la cuestión reside en la prometida negociación del Pacto Local, que no ha llegado finalmente a los ayuntamientos aunque sí a las comunidades autónomas. Una de las consecuencias de ello, como ha recordado Pérez, es que los ayuntamientos tienen que hacer frente a las denominadas competiciones impropias, que en el caso del Consistorio capitalino ascienden a mil millones de euros, según datos aportados por el propio Gobierno municipal. Esa idea es la defendida por el alcalde, que ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que lo que ayer solicitó al presidente del Gobierno fue el "fin a una situación de discriminación que ya existe". Sin embargo, Pérez no comparte con el primer edil "el empleo que hace de los recursos" municipales recordando en este punto la deuda de la M-30 y la apuesta por "edificios emblemáticos", como el Palacio de Cibeles, ya que no sirven más que para su "prestigio político". "Alberto Ruiz-Gallardón claro que tiene responsabilidad en la deuda", ha subrayado.