El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, se ha mostrado seguro de que el juez que le ha citado a declarar el día 19 para esclarecer lo ocurrido con una operación urbanística le dará la razón porque el proceso ha sido "transparente" y porque dispone de informes "muy serios que avalan la corrección de la decisión adoptada". Según informó ayer el PSOE a través de un comunicado, García de Vinuesa "tendrá que declarar en calidad de imputado por prevaricación y mala gestión de fondos públicos, al beneficiar a la constructora Sotohenar en una operación de recompra de dos parcelas municipales vendidas por 24 millones de euros hace dos años". Esta declaración se producirá el 19 de noviembre ante el titular del juzgado número 2 de Alcobendas. Los socialistas también señalan que en el mismo auto de imputación la jueza solicita al Ayuntamiento y a la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, EMVIALSA, los informes correspondientes a la operación de recompra de las parcelas. A este respecto, el regidor ha asegurado que la Justicia va a dar la razón al Consistorio y ha considerado que "este tema se volverá en contra de quienes lo están utilizando por motivos partidistas". "El Juzgado ha adelantado la fecha de la declaración porque el expediente de esta operación es transparente y porque tenemos informes muy serios que avalan la corrección de la decisión adoptada", ha manifestado. Además, ha pedido a los vecinos que "estén tranquilos". "El Ayuntamiento vendió dos parcelas y ante el riesgo contrastado de perderlas deshizo la operación recuperando la situación inicial. ¿Dónde está el perjuicio? El perjuicio hubiera sido que hubiéramos perdido el patrimonio por un embargo del banco. Ahí si pensaría que lo había hecho mal", ha explicado. A juicio de los 'populares' de la localidad, el portavoz socialista de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, "ha elegido la vía judicial para hacer oposición, sin el respaldo de su propio partido ya que anunció que la querella la presentaría el grupo socialista y la han tenido que presentar a título individual y más de un año y medio después de que conocieran los hechos". ADMISIÓN A TRÁMITE El Consistorio ha recordado que el pasado mes de septiembre ya se hizo público que el juzgado número 2 de Alcobendas admitía a trámite la querella de tres concejales socialistas "que consideran que la resolución del acuerdo entre el Ayuntamiento y la promotora Sotohenar fue lesivo para las arcas municipales". En aquel momento, el portavoz popular y concejal de Urbanismo, Ramón Cubián, explicó que se decidió "no arriesgar el patrimonio de la ciudad", por lo que se optó por deshacer la operación "de un modo totalmente transparente". "Actuamos prevaleciendo el interés de la ciudad; lo que hicimos no es ni ilegal ni delictivo", agregó. Por ello, el Ayuntamiento ha recordado que disolvió los compromisos adquiridos por la constructora en función de la gravedad de su situación económica. "El Ayuntamiento ha recuperado la situación inicial y la constructora evidentemente ha salido perdiendo pero al menos no se ha hundido por las deudas de los acreedores arrastrando con ellos al Ayuntamiento", afirmó en su día el portavoz. HECHOS En un comunicado, los socialistas han recordado que los hechos se remontan a junio de 2009 cuando el Ayuntamiento de Alcobendas, a través de EMVIALSA, "volvió a adquirir las parcelas de Sotohenar". A juicio de Sánchez Acera, esta decisión fue "absolutamente irracional y contraria a los intereses de la institución municipal y de los vecinos de Alcobendas". "Sin motivo alguno, el Ayuntamiento recompró las parcelas por el mismo precio que en 2007, cuando su precio en el mercado inmobiliario y de terrenos había caído de manera brutal", ha asegurado. EL PSOE considera que, según los datos que manejan, "el alcalde fue quien propuso la recompra de los terrenos por la cantidad de 24 millones de euros aunque, cinco meses después, fue el propio alcalde quien confirmó que su valor apenas superaba los 12 millones de euros". "El Ayuntamiento de Alcobendas se ha hecho cargo de una hipoteca de más de 13 millones de euros y ha perdido la oportunidad de que Sotohenar construyera el edificio al que se había comprometido y que estaba valorado en más de 15 millones de euros", ha concluido Sánchez Acera. Por otra parte, varios testigos del Caso DICO deberán volver a declarar el 19 de noviembre a pesar de que el pasado mes de septiembre la magistrada del juzgado número 6 de Coslada decretó el archivo del caso en el que el portavoz del PP en San Fernando, Eusebio González, acusa al actual alcalde de IU, Julio Setién, y al primer teniente de alcalde del PSOE, Manuel González Rojo, de prevaricación, fraude y malversación de fondos. El portavoz popular recurrió el recurso alegando defectos de forma que no le permitieron estar presente cuando declararon varios testigos y esa es la causa por la que se ha anulado el auto de sobreseimiento emitido hace dos meses y por la que el juzgado de Coslada que lleva el caso ha vuelto a llamar a declarar a los testigos. "Ya explicamos en su momento que todavía no había nada cerrado y que, como acusación particular, no habíamos sido notificados para asistir a las diligencias y, por ello, habíamos antepuesto el recurso", ha declarado Eusebio González. Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran estar "tranquilos" ya que califican la anulación del auto de sobreseimiento como un mero trámite para que una vez que se subsanen los defectos de forma que haya podido haber en la notificación a la acusación particular de las declaraciones de los testigos se vuelva a cerrar el caso. No obstante, el alcalde sanfernandino, Julio Setién, afirma estar "cansado" por lo que califica como "un montaje" del portavoz del PP en la localidad. "Ahora dice que no se le notificó el día en el que fue la prueba testifical, pero es que tanto su procurador como su abogada habían renunciado al caso, cosa que no nos extraña por cierto. El portavoz del PP lo que quiere es recurrir y recurrir y dar vueltas para que parezca que sigue abierto, cuando realmente la magistrada ya lo ha cerrado dos veces, y seguirá así hasta que la justicia se canse de este tipo de maniobras, porque lo que hacen es entorpecer", ha asegurado Julio Setién. En 2009 Eusebio González denunció que se habían cometido irregularidades en la adjudicación de las obras de construcción de 154 viviendas en la parcela de Echeveste a la empresa DICO. Las diligencias del caso se archivaron en primera instancia, pero tras el recurso presentado por el PP la Audiencia Provincial ordenó reabrirlas para que en septiembre de este año el juzgado de Coslada archivara de nuevo el caso.