Granados asegura que el PP "está tranquilo" porque "no hay nada" en la presunta financiación ilegal por Fundescam

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, ha afirmado hoy que los dirigentes de la formación se encuentran "absolutamente tranquilos" porque "no hay absolutamente nada" que les implique sobre una supuesta financiación irregular del PP en 2003 y 2004, conocida como el caso Fundescam.

Tras asistir a un curso de reciclaje de Bomberos sobre actuaciones NBQ, Granados ha señalado que las informaciones aparecidas en los últimos días que apuntaban a ello son "falsas de absoluta falsedad" y que "no se ha producido el informe de la Fiscalía en los términos en los que ha aparecido en algún medio de comunicación".

En ese contexto, el también consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad ha conminado a la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, a que rectifique sus declaraciones del pasado jueves en el Parlamento regional, en las que acusaba al Ejecutivo autonómico de haber pagado "con dinero de los madrileños" actos del PP.

Granados, que anunció ese mismo día que se querellaría contra Menéndez si sostenía esas afirmaciones fuera de sede parlamentaria, ha asegurado hoy martes que no ha vuelto a oír a la portavoz socialista volver a decir ninguna palabra sobre ese asunto, "por lo que muy contenta con sus declaraciones del jueves no debe estar".

"Espero que por una vez el PSM deje de mentir, injuriar, calumniar y rectifique las manifestaciones que pronunció en sede parlamentaria y con la inmunidad parlamentaria de la que goza", ha agregado el secretario del PP madrileño, que ha precisado que aunque Menéndez no se haya desdicho de sus declaraciones no las ha ratificado fuera de la Asamblea.

Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción remitió el pasado viernes un escrito al juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, en el que considera prescritos los posibles delitos electorales por parte del PP de Madrid en las elecciones locales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo de los años 2003 y 2004, cuando era presidente del PP de Madrid, Pio García Escudero. El pronunciamiento de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, tiene lugar después de que el instructor diera traslado a las fiscales del caso de un informe policial en el que se advertía de la comisión de delitos electorales, fiscales y de falsedad documental relacionados con la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) en el periodo comprendido entre 2003 y 2004. El Ministerio Público especifica en su escrito que los hechos del informe policial consisten en "el pago por parte de" Fundescam de "servicios prestados por la mercantil Special Events al Partido Popular con motivo de las lecciones locales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo celebrados en los años 2003 y 2004. "Estos pagos se encubrirían con facturas que reflejarían operaciones inexistentes entre Fundescam Special Events S.L.", recoge. Así, el escrito concluye que "los delitos mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, a una más profunda investigación". "Ello sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas", agrega. "La única excepción a la extinción de responsabilidad penal sería la atribuible a los responsables de la mercantil Special Events S.L. por la elaboración de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados, puesto que a los mismos se les imputa un delito continuado en falsedad de documento mercantil por la confección de numerosas facturas falsas desde 2002", recoge el informe. Añade que, de este modo, "las facturas emitidas por Special Events a Fundescam podrían considerarse incluidos en aquéllos. No obstante, estos hechos estarían suficientemente acreditados con la documentación intervenida y el informe policial sin necesidad de mayores indagaciones". IMPULSADA POR EL PSM Esta investigación arrancó de la presentación por parte del Partido Socialista de Madrid (PSM) en mayo del año pasado de tres denuncias contra el PP de Madrid. La primera, ante la Fiscalía Anticorrupción, por un delito de cohecho que se habría cometido por la presunta financiación ilegal a través de Fundescam, al hacer recibido ésta, supuestamente, donaciones preelectorales a cargo del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de otros empresarios. Asimismo, el PSM interpuso una denuncia ante la Junta Electoral por "utilización de fondos no declarados para actos de campaña a través de un delito electoral" y una tercera ante el Tribunal de Cuentas por falsificación de documento mercantil relacionado con la posible financiación irregular del PP en un proceso electoral. En este sentido, el PSM señala que pese a la interpretación de la Fiscalía de que podrían haber prescrito los delitos electorales, su opinión es que una parte de los mismos no lo estaría, ya que el tiempo comienza a contar cuando el PP presentó las cuentas ante la Junta Electoral. Hoy mismo, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha señalado que puede que el presunto delito por financiación ilegal a través de Fundescam del PP de Madrid en 2003 y 2004 haya prescrito, pero ha indicado que a lo mejor permanecen otros, como el cohecho o la asociación ilícita, que no estarían prescritos. FACTURAS SOSPECHOSAS El sumario del 'caso Gürtel' incluye una carpeta bajo el nombre 'PP de Madrid' donde se incluyen las facturas emitidas por la trama por actos del partido entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. En este documento figuran los archivos 'Cambios de facturación 2003-2004.bárcenas.xls' y 'facturación PP Madrid', donde se detallan las facturas emitidas por la trama por actos del PP madrileño. Aparecen como clientes el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam (Fundación para el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid) y el PP nacional. En el apartado de concepto figura la descripción del acto realizado, como "la campaña autonómicas E. Aguirre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" o "congreso regional PP Madrid" y en el archivo sobre 'Cambios de facturación 2003-2004-bárcenas.xls' hay detalle de facturas con cambio de entidades. Los clientes eran el PP de Madrid, Fundescam y el PP nacional. Además, en esta carpeta aparece en la parte inferior "unos datos relativos a una demanda de la sociedad Special Events contra el PP de Madrid", cuya primera audiencia en el juzgado de 1 instancia número 8 de Madrid se fijo para el 1 de febrero de 2006. Esta denuncia corresponde al momento en que la Comunidad suspendió los pagos a estas empresas ante las sospechas existentes. Por otra parte, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha obligado al juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, a permitir a las partes personadas en el proceso penal a acceder a las escuchas declaradas ilegales para excluir del sumario las posibles partes contaminadas, evitando así una posible nulidad de la totalidad de la investigación. En un auto fechado el pasado 25 de octubre, los magistrados Francisco Javier Vieira, Emilio Fernández Castro y José Manuel Suarez Robledano estiman en parte los recursos de apelación interpuestos por las defensas de varios de los imputados y el Partido Popular contra un auto dictado el pasado 27 de abril por Pedreira. Así, el auto obliga ahora al magistrado instructor a "permitir efectuar alegaciones" a todos los imputados en la causa de las grabaciones, "sin restriccón alguna" para excluir "las evidencias referidas en dichas grabaciones a la intimidad de los imputados afectados". Además, ordena que todo el contenido se incluya en una pieza de confidencialidad, que custodiará el secretario de la Sala. De hecho, el contenido de todo lo relativo a las escuchas ordenadas por el ex juez Baltasar Garzón se encuentra en una pieza separada después de que los magistrados de la Sala de lo Civil del TSJM, encargada de resolver los recursos, determinara en un auto dicatdo el pasado 25 de marzo que las mismas eran ilegales. SÓLO A SUPUESTOS DE TERRORISMO Los letrados alegaron en sus recursos que las intervenciones violaban lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que reserva exclusivamente a los supuestos de terrorismo toda intervención de las comunicaciones entre un interno y sus abogados. El TSJM concluyó que, "no investigándose delitos de terrorismo, estaba vedada toda intervención de las comunicaciones que mantuvieran con sus letrados los imputados en prisión provisional". Aseguró que Garzón no aplicó de forma correcta el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria al ordenar las escuchas de los internos con los abogados en aras de la investigación, en sintonía con la argumentación de la Fiscalía Anticorrupción.