Los diputados de IU, Gaspar Llamazares, e ICV, Joan Herrera, han asegurado que el Ejecutivo socialista ha hecho el "trabajo sucio" a la "derecha" con unas políticas "ultraliberales" en materia laboral que han "precarizado" todavía más el empleo y abierto la puerta para que el PP y, en particular, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "vayan a por los sindicatos".
Así lo han asegurado ambos parlamentarios tras reunirse con los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez --quienes eludieron hacer declaraciones a los medios-- al ser preguntados por la iniciativa de Aguirre de reducir dos tercios de los liberados que trabajan en la Administración regional.
"Reducir la libertad sindical es atacar a los trabajadores", ha remarcado Llamazares, mientras que Herrera ha asegurado que la propuesta de Aguirre "es la única que le faltaba hacer a la derecha" tras la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Acerca de esta cuestión, IU-ICV y los líderes sindicales han coincidido en su "preocupación" por la deriva que sigue la política económica del Gobierno, que "secunda en todo las tesis de los conservadores", según Llamazares.
Asimismo, los sindicatos han trasladado a los diputados su agradecimiento por su posición durante la tramitación de la reforma laboral.
"EL GOBIERNO RECTIFICARÁ" "Aunque hemos sido pocos votos los que rechazamos la reforma laboral", ha asegurado Herrera, quien se ha mostrado confiado en que la huelga general del próximo 29 de septiembre hará rectificar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como ya ocurrió con los de Felipe González y José María Aznar.
Por este motivo, Llamazares y Herrera se han comprometido a mantener una colaboración "constante" que se extenderá y también a la negociación presupuestaria y la de las Ley de Economía Sostenible, a al que IU e ICV han presentado una enmienda de totalidad.
Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha advertido de que va a "vigilar jurídicamente" todos los pasos de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, tanto respecto a la representación de los trabajadores, como en cuanto al plan de reestructuración de los servicios públicos que ayer anunció la jefa del Ejecutivo regional.
En declaraciones a los medios a su entrada a la Asamblea de Madrid, Gómez ha destacado que Aguirre hizo ayer durante su discurso "lo de siempre", que es lanzar "una cortina de humo" al anunciar un plan de recorte de liberados sindicales. Esta iniciativa es, a su juicio, "peligrosa en términos políticos".
Gómez ha señalado que desde el PSM no ven el "encaje jurídico" para "intentar romper la representación de los trabajadores", por lo que insistió que se mantendrán alerta para controlar cualquier decisión del Gobierno regional en este sentido.
Asimismo, ha advertido que prestará atención a las medidas en relación a los servicios jurídicos, después de escuchar a la presidenta hablar de racionalización de los servicios públicos. "Vamos a analizar muy bien eso que anunció ayer un poco de tapadillo de un plan de reestructuración de los servicios públicos en Madrid. Todos sabemos que Esperanza Aguirre, que representa un thatcherismo tardío, tiene animadversión hacia los servicios sociales, entre otras cosas, porque ella no los utiliza", ha considerado el líder de la oposición, que fue uno de los más madrugadores a la hora de entrar en el hemiciclo en esta segunda jornada del Debate del Estado de la Región.
Y como Aguirre no usa la sanidad o la educación pública, "no sabe la importancia" que tienen para los ciudadanos, ha dicho Gómez. "Vamos a vigilar todos los movimientos de Esperanza Aguirre", ha insistido.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha señalado que "no se va a recortar ni un solo derecho sindical", tras el anuncio del Gobierno regional de un ajuste en el número de liberados sindicales de región.
"Quedarán como trabajadores liberados aquellos que han sido elegidos sólo por los trabajadores, por lo tanto ni un solo liberado sindical que haya sido elegido por los trabajadores va a ser suprimido", ha declarado Granados.
Así, el consejero ha explicado que lo que se va a hacer es adaptar los acuerdos y los convenios colectivos a la Ley y al Estatuto de los Trabajadores, por lo que advierte que la reforma que emprenderá la Comunidad de Madrid "es legal" y mantiene que no se van a recortar los derechos ni la libertad de los trabajadores.
"Llevamos dos años negociando con los sindicatos, pero no hemos llegado a un acuerdo porque se niegan a negociar estas prerrogativas. Entendemos que en un momento de crisis económica, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para reducir el gasto publico", ha añadido.
Por último, Granados ha señalado que no está de acuerdo con "mantener una aristocracia sindical a costa del dinero de los madrileños".