La presidenta de la Comunidad y PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado este viernes que respeta la presunción de inocencia en lo penal de la secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, y de la diputada regional Esperanza Rozas, contra las que el TSJM ha decidido abrir un juicio oral, pero ha considerado que deberían asumir las responsabilidades políticas.
"Yo no tengo diferente vara de medir. Tengo la misma vara de medir para todos", ha dicho Aguirre a su entrada en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, donde ha manifestado que a Trinidad Rollán y a Esperanza Rozas les da "la presunción de inocencia en lo penal".
"Exactamente igual que cuando los problemas jurídicos los tienen los miembros del PP. Eso sí, creo que deberían asumir las responsabilidades políticas", ha manifestado Aguirre después de que ayer el TSJM decidiera abrir juicio oral contra Rollán, Rozas así como la ex corporación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz cuando la 'número dos' del PSM estaba en la Alcaldía.
Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la apertura de juicio oral contra la secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, y la diputada regional Esperanza Rozas por un delito de prevaricación que se habría cometido en 2001 en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, dentro del caso Patrimonio Siglo XXI.
Rollán y Rozas se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación para cargo público. La Fiscalía sostiene que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, del que Rollán era alcaldesa, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A. por valor de 3.241.204 euros.
El convenio salió adelante a pesar de que durante el Pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de Gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".
En un auto hecho público hoy, al que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha ordenado, a instancias de la Fiscalía, la apertura de juicio oral contra Rollán, Rozas y otros doce concejales.
14 DELITOS DE PREVARICACIÓN En su escrito, el fiscal apreciaba catorce delitos de prevaricación del artículo 404 del código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local y argumentaba que "cada acusado es responsable de un delito de prevaricación de los preceptos reseñados". En concreto, se acusa de prevaricación a Rollán y a otros trece concejales --nueve del PSOE y cuatro del Partido Demócrata Español (PADE)--.
Según el fiscal, el Pleno municipal en el que se votó el convenio "puso de relieve la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito" advirtiendo que la Concejalía de Urbanismo de la localidad "no cumplió con los artículos 164, 172, 175 y 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", y en el fondo, "se infringía la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid" porque el convenio "no tenía cabida en los artículos 245 y 246 de la Ley del Suelo".
Asimismo, señala que el secretario del Ayuntamiento "ponía de relieve la circunstancia de que nunca se podría configurar jurídicamente el convenio como una permuta, al no darse la necesaria reciprocidad de dar y recibir".
El PSOE de Torrejón de Ardoz considera que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "no añade ninguna novedad" al procedimiento y recuerda que el equipo de Rollán no está acusado de "beneficiarse ni de enriquecerse personalmente".
"Este auto precisamente pone de manifiesto lo complicado de la situación jurídica a la que se enfrentaron los concejales, dado que habla del informe, favorable a la actuación, de la abogada del Ayuntamiento", ha manifestado este jueves el grupo municipal socialista en un comunicado.
Además, la agrupación ha matizado que los 14 concejales de la corporación de Torrejón de Ardoz no están acusados ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente. "Se trata de una posible prevaricación administrativa, es decir, si se ha adoptado o no una resolución injusta a sabiendas", ha insistido el PSOE. "Por tanto, lo que se dirime es si actuaron adecuadamente o no al votar positivamente un acuerdo en un pleno, ésta es la actuación que se analiza, la decisión y el voto de 14 personas en un pleno municipal", ha agregado.
Según el grupo municipal socialista de Torrejón, mediante dicho acuerdo plenario los 14 concejales "salvaron" la construcción de 107 viviendas de integración social y permitió llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas.
"La subvención de las 107 viviendas de integración social corría riesgo de perderse si no se llevaba a cabo de forma urgente la urbanización de la parcela, lo que se consiguió con el Convenio. Las 107 familias afectadas ejercían una importante y justificada presión, ya que sus viviendas podrían no construirse", ha explicado el PSOE. "Para muchas de las familias estas viviendas sociales suponían la única manera de tener una casa, y eso es lo que se consiguió", ha añadido.
Además, esta formación ha hecho alusión al Partido Popular de Torrejón. "El PP también ejercía presión pidiendo celeridad en los trámites para desbloquear la situación de las viviendas, de hecho en la votación en el pleno se abstuvo, no votó en contra", ha apuntado.
Por último, los socialistas han añadido que existía un informe jurídico favorable a dicho convenio por parte de la Abogada de Urbanismo del Ayuntamiento y de valoración de los bienes por parte del arquitecto municipal.
"El acuerdo supuso, además, un ingreso de 559 millones de pesetas para equipamientos sociales que se construyeron en el municipio. El Secretario y el Interventor no hicieron informes durante la larga tramitación del procedimiento confundiendo a los concejales, ya que no pudieron conocer ni valorar sus informes antes del pleno", ha relatado el PSOE.
"La decisión de aprobar el convenio fue la mejor decisión posible para Torrejón para las 500 familias que hoy disfrutan de vivienda pública. Los concejales del PSOE actuaron como siempre han trabajado, honestamente y al servicio del municipio, y de los intereses generales, y esto se demostrará evidentemente en el juicio", ha concluido el grupo municipal socialista.
Por su parte, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, ha exigido e al secretario general del PSM, Tomás Gómez, que excluya a la portavoz del PSOE en Torrejón y secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán..
Pedro Rollán estima que las acusaciones de "prevaricación urbanística" y la petición del fiscal de "nada más y nada menos que 8 años de inhabilitación" deberían obligar al secretario general del PSM a relevar de sus cargos, tanto en el partido como en la administración pública, a los imputados en el caso Patrimonio Siglo XXI.
"El PP de la Comunidad de Madrid, cuando ha tenido un caso así, de manera inmediata a excluido a los implicados tanto del partido como de sus responsabilidades políticas. Ahora le toca el turno al Partido Socialista de Tomás Gómez, apartando a su mano derecha, a su secretaria de Organización", afirma el alcalde torrejonero.
De los nueve concejales del PSOE, seis continúan todavía en la corporación local como ediles en la oposición, incluyéndose entre ellos Trinidad Rollán. El alcalde de Torrejón ha reclamado al PSOE que "se replantee" la permanencia de estos seis concejales en el Ayuntamiento ante la apertura de un juicio "en el que les acusan de prevaricación urbanística".