El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Entre sus medidas figura la creación de un Comité de Seguridad para evaluar proyectos internacionales en los que participen instituciones y científicos madrileños.
Evaluación de riesgos en proyectos internacionales
Seguridad en la investigación
El comité analizará los riesgos de proyectos internacionales que empleen tecnologías sensibles, con el objetivo de evitar transferencias no deseadas de conocimientos desarrollados en instituciones madrileñas. También ayudará a los centros de la región a adoptar medidas preventivas ante indicios de injerencia extranjera o conflictos de intereses.
Directrices europeas
La Comunidad presenta este órgano como pionero en España y señala que no tiene precedentes en la legislación estatal ni autonómica sobre ciencia. Incorporará las directrices de la Unión Europea en esta materia.
Próximo trámite
El proyecto se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación. La norma pretende mejorar la organización de la investigación regional, las condiciones de sus profesionales y su proyección internacional, además de reducir trámites y facilitar la aplicación de los resultados.
La nueva ley sustituirá a la regulación vigente desde 1998 y busca adaptarla a los cambios de las últimas décadas y a la legislación estatal. Definirá la coordinación entre instituciones y profesionales, la planificación de objetivos y los recursos e instrumentos disponibles para desarrollarlos.
Organización del sistema y aplicación de resultados
El texto plantea ordenar de forma integral el Sistema Madrileño de Investigación e Innovación Tecnológica (SM2I), identificando y regulando a sus agentes y profesionales. También reconocerá legalmente a las fundaciones IMDEA y a la Fundación para el Conocimiento Madri+d.
La propuesta incluye medidas para ampliar la proyección internacional de centros, universidades y especialistas madrileños, y acercar su trabajo a la sociedad mediante la divulgación. Asimismo, prevé simplificar procedimientos administrativos para facilitar el desarrollo de proyectos.
La ley también busca favorecer que los resultados de la investigación se apliquen en las empresas y respondan a necesidades sociales, con el propósito de generar nuevas oportunidades económicas y beneficios para los ciudadanos.