El Tribunal Supremo obliga a 3 particulares a indemnizar al Ayuntamiento Madrid en 1,8 millones

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Madrid que condenó a tres particulares a diversas penas de prisión y a indemnizar en 1,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid por falsear la titularidad de varias parcelas en las inmediaciones de la estación de Chamartín.

La resolución ahora confirmada consideró a Francisco José Buendía Lázaro, Marco Antonio Iglesias González y Ana María Cabello García, autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado de estafa a la pena de 4 años, 6 meses y 1 día de prisión.

La sentencia les condenó asimismo a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Madrid en la cantidad de 1.849.601,75 euros y declaró la nulidad de diversas cédulas catastrales, escrituras públicas e inscripciones del Registro de la Propiedad, actas de ocupación y pago del consistorio madrileño.

Los hechos se remontan al año 1989, cuando Buendía, ingeniero jefe de la delegación regional número 10 en el Instituto Geográfico Nacional, firmó y emitió 7 cédulas parcelarias en las que se hacía constar falsamente que Manuel Ballesteros era el titular catastral de otras tantas parcelas de terrenos en las inmediaciones de la estación de ferrocarril Madrid-Chamartín.

En esa época, Ballesteros -familiar de la esposa de Iglesias, otro de los condenados- tenía 83 años y vivía desde 1974 en la residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid en Aranjuez, donde falleció en 1996.

Gracias a las cédulas falsificadas, las parcelas fueron vendidas en 1990 a la sociedad Winkel 5 S.A., de la que Iglesias era representante y que habían constituido el año anterior la también condenada Ana Cabello y el propio Buendía.

Ya con las siete parcelas escrituradas a su nombre, los condenados las matricularon en el Registro de la Propiedad y participaron en un expediente de expropiación de terrenos que afectaba a una de ellas efectuado por el Ayuntamiento de Madrid, del que obtuvieron 1.850.000 euros, que ahora deben devolver al consistorio.

También percibieron importantes cantidades por el alquiler de vallas publicitarias situadas en las parcelas y firmaron contratos de permuta y de venta de algunas de ellas a otras sociedades.

Los hechos fueron denunciados por una particular a la Fiscalía Anticorrupción, que llevó el caso a los tribunales y consiguió una sentencia condenatoria primero de la Audiencia Provincial de Madrid y ahora del Tribunal Supremo