La Ley que permite la libre elección de médico en la Sanidad madrileña se aprobará definitivamente a mediados de abril

El Decreto de desarrollo de la Ley de Libertad de Elección en la Sanidad madrileña se aprobará definitivamente a mediados de abril, según ha calculado hoy el consejero Juan José Güemes.

El consejero ha dicho que confía en remitir el Decreto el próximo mes de marzo al Consejo Económico y Social (CES), que tiene diez días naturales para elaborar su informe al respecto.

A continuación, el Gobierno regional dispone de quince días hábiles para elevarlo al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, por lo que Güemes calcula que la "aprobación definitiva sea a mediados de abril".

El consejero de Sanidad se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde también ha dado cuenta de una información que publica hoy "El País", según la cual el Hospital Infanta Leonor ha convertido en dobles algunas habitaciones individuales.

Güemes ha explicado que esa conversión entra dentro del "funcionamiento normal" del hospital, cuyas habitaciones son individuales pero están preparadas, desde su construcción, para albergar dos pacientes.

Ha dicho que la medida responde a que estos días se están produciendo unas 50 hospitalizaciones, frente a las 25 o 30 que normalmente atiende ese hospital, y que allí "donde haga falta duplicar, se duplicará", no sólo en ese hospital.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy contratar un centro de atención telefónica personalizada para que se haga cargo de las citas que pidan los ciudadanos para consultas con los médicos de atención primaria y especializada y también para las pruebas diagnósticas.

El objetivo es que, cuando un madrileño llame a su centro de salud para pedir una cita, "nunca" se encuentre con que "nadie contesta" o con que el teléfono está "descolgado", ha explicado el consejero de Sanidad, Juan José Güemes.

El nuevo "call center", que no funcionará "a pleno rendimiento" hasta septiembre, ha sido adjudicado por cerca de 27 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra BMB e Indra Sistemas, por un periodo de 48 meses.

La Consejería prevé firmar el contrato antes del 18 de marzo y que un mes después empiece a funcionar el centro, que "desde el primer momento soportará la libre elección de médico".

Güemes ha explicado que este sistema será "complementario" al de las citas que ofrecen los administrativos de los centros de atención primaria, si bien les "descargará" en su tarea de dar citas de atención especializada.

"Los administrativos hoy atienden el teléfono, pero también tienen que atender a los pacientes presenciales, a los que salen del médico y tienen que pedir una cita para otro día, y muchas veces tienen que escoger entre atender el teléfono y al paciente que está allí", ha recordado.

En la actualidad hay 75 centros -y a partir de mañana habrá tres más- en los que, si el administrativo no coge el teléfono, salta un sistema automático de "reconocimiento de voz" que atiende las llamadas.

Ese sistema automático seguirá funcionando, pero si el paciente prefiere que le atienda personalmente un operador, podrá optar por hablar con el 'call center'.

Güemes ha explicado que cuando un médico o pediatra prescriba una consulta con un especialista o una prueba diagnóstica, deberá comprobar el número de teléfono de dicho paciente, porque luego éste recibirá una llamada para ofrecerle una cita "siempre en un plazo de menos de 40 días, en el hospital o centro de especialidades más cercano".

La "gran novedad" que aporta este sistema respecto a otros de atención de citas que han puesto en marcha otras comunidades autónomas es que gestionará citas no sólo en los centros de atención primaria, sino también en centros hospitalarios y de atención especializada.

Este servicio contará con dos centros ubicados en las calles de Méndez Álvaro y Julián Camarillo, donde disponen de un espacio de 2.400 metros cuadrados con capacidad para 400 puestos.

Además, se instalarán en los centros de salud 320 kioscos interactivos, donde también se podrá concertar primeras cita, consultas, modificaciones, cambios de fecha y cancelaciones.

En relación a la sanidad madrileña, el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del decreto de la Comunidad de Madrid que regula la constitución y el funcionamiento en la región de depósitos privados de sangre procedentes del cordón umbilical.

Una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desestima los recursos de casación presentados por la sociedad SECUVITA, S.L., y por la Comunidad de Madrid contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 28 de diciembre de 2007.

En esa sentencia, el TSJM declaraba la nulidad de pleno de derecho del decreto, aprobado por el Gobierno de Madrid el 23 de marzo de 2006, que convirtió a Madrid en la primera y única comunidad española que aprobaba una normativa para ese fin, por ser contrario al ordenamiento jurídico.

El decreto se hallaba suspendido cautelarmente desde mayo del 2006, en virtud de una sentencia del TSJM a instancias de un recurso presentado por el Ministerio de Sanidad.

Esa decisión judicial suponía que el decreto era nulo hasta que el mismo tribunal decidiera sobre "las cuestiones de fondo" del recurso interpuesto por Sanidad.

Posteriormente, en junio de 2006, el Tribunal Supremo confirmó la suspensión cautelar del decreto.

Ahora, el Alto Tribunal confirma la nulidad de la norma madrileña en una sentencia que es firme y no puede ser recurrida.

Con la creación de esos centros privados de sangre, el Gobierno de Madrid pretendía facilitar la posibilidad de que los padres depositaran la sangre del cordón umbilical de sus hijos para usos terapéuticos, según explicó en su momento el vicepresidente primero regional, Ignacio González.

Esos bancos se encargan del almacenamiento y procesamiento de la sangre, así como de su control de calidad.