Semana clave para Caja Madrid tras la paralización por parte de un juzgado de sus elecciones

Caja Madrid, la segunda Caja de Ahorros española, vivirá una nueva semana clave después de que un juzgado madrileño haya paralizado cautelarmente su proceso electoral hasta que resuelva un recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid.

El consistorio reclamó a la Justicia la paralización de las elecciones de la Caja -con las que se renovará la presidencia que ocupa Miguel Blesa- hasta que se aclarara de qué forma debían repartirse los 64 consejeros generales de la Asamblea de Caja Madrid que corresponden a la Casa Real, institución que renuncia a ellos.

De esta forma, la corporación que dirige Alberto Ruiz-Gallardón trata de obtener una mayor presencia en los órganos de gobierno de la entidad, después de que la nueva ley autonómica, promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, haya mermado la representación de los ayuntamientos, y especialmente del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, las tesis de la Comunidad son defendidas por la mayoría de miembros (nueve de trece) de la Comisión de Control de Caja Madrid, la encargada de supervisar el proceso electoral, que aboga por aplicar la normativa vigente desde el inicio de 2009, a pesar de que el proceso electoral de la Caja comenzó con anterioridad.

Por eso, tras la decisión cautelar tomada el viernes pasado por el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid de parar el proceso electoral, a partir de esta semana se espera que acudan ante la juez las partes implicadas en el recurso -Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid- para explicar sus argumentos.

En el caso del Consistorio, es previsible que propondrá que el reparto de asientos de la Corona se siga haciendo proporcionalmente, como establecía la ley de 2003, con lo que el Ayuntamiento de Madrid ganaría nueve representantes en la Asamblea de la entidad hasta llegar a 45, y ello se podría traducir en una mayor presencia en el Consejo de Administración, órgano que elige al presidente.

Sin embargo, las dudas están en qué argumentará la otra parte, pues hasta el momento nadie ha sabido concretar a Efe si ante la juez deberían acudir los servicios jurídicos de la propia entidad o la Comisión de Control, órgano que ha defendido la aplicación de la ley actual.

Según las fuentes consultadas, si acudieran los servicios jurídicos de la Caja, los argumentos previsiblemente coincidirían "bastante" con los del Ayuntamiento de Madrid, mientras que si acude la Comisión de Control, "la historia sería distinta".

Además de estas comparecencias, con el fin de que la juez levante la suspensión cautelar y el proceso pueda continuar, la Comunidad de Madrid ya ha reconocido que pedirá personarse como parte interesada en el proceso judicial.

Una petición que previsiblemente llegará también esta semana, pues el Ejecutivo regional insistió en que quiere que la juez escuche también sus argumentos "en breve".