Granados defiende su comida con el presidente del TSJM y la diferencia de la "cacería del juez socialista y el ministro furtivo"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha defendido su "comida de trabajo" con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, y ha señalado cinco "diferencias con la famosa cacería del juez socialista y el ministro furtivo".

Granados se ha referido a este asunto durante una interpelación sobre política de Seguridad en el pleno de la Asamblea, en la que ha acusado a los socialistas de utilizar su almuerzo con Vieira para "practicar su deporte favorito, que es insidiar".

El consejero ha sostenido que las "diferencias" con la cacería del ex ministro Bermejo y el juez Garzón son: que su comida ha sido una "reunión estrictamente de trabajo y no de ocio"; y que ha tenido lugar con una "persona que nunca ha sido candidata" de su partido.

También, que éste (Vieira) es una persona "intachable" y "elegida por unanimidad de todos los miembros del Consejero General del Poder Judicial, los cuales están indignados por las declaraciones del PSOE"; y que "ni decide sobre el asunto (Gürtel), ni encausa, ni instruye, ni juzga, ni mete a nadie en la cárcel".

La última diferencia -ha dicho- es que la decisión que un día después de esa comida adoptó el TSJM (asumir la investigación del caso Gürtel) "es contraria a los intereses de los acusados del PP".

Según el consejero, las únicas "similitudes" con el encuentro entre Bermejo y Garzón son: que "aquí también hay una cacería, que es la que ha decretado el secretario general socialista contra mí", y que "la comida fue sin licencia, como cazó el ministro".

Granados se ha mostrado convencido de que el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, tiene "fantasmas que vienen a verle" y por eso "tiene esa obsesión enfermiza" con él.

La portavoz de Seguridad del grupo socialista, Encarnación Moya, se ha preguntado si en ese almuerzo "habrán espiado" a Granados y "cómo es posible" que éste "no haya presentado aún su dimisión".

Para Moya la comida del consejero con el presidente del TSJM un día antes de que este tribunal asumiera la investigación del caso Gürtel es "la guinda del pastel" y "la gota que ha colmado el vaso" de la gestión "errática", "caótica", "generadora de conflictos", "prepotente" y "sin transparencia" de Francisco Granados.

La portavoz socialista ha recordado los argumentos que empleó y las declaraciones que hizo en su día la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para pedir la dimisión de Bermejo y ha sostenido que "por coherencia" se los debería aplicar a su consejero.

En el debate ha participado el portavoz adjunto de IU en la Asamblea, Miguel Reneses, que le ha dicho a Granados que es un "error" que trate de "defenderse con el 'y tú más'".

"La cacería fue un error poco presentable y esta comida es igual de error y de impresentable. Les pido que sean igual de coherentes y que no utilicen la ley del embudo. Si aquella cacería costó dieciséis recursos y querellas a un juez y la dimisión de un ministro, a usted esto le tiene que costar algo, aunque sabemos que hará lo que haga falta para justificarlo", ha continuado.

Por su parte, la diputada del PP Cristina Cifuentes ha aseverado que "todos los ciudadanos saben que no es lo mismo" esta comida que la cacería de Bermejo y Garzón y que "lo que tratan de hacer (los socialistas) es una vergüenza, aunque no se la crea nadie".

Cifuentes se ha mostrado convencida de la "estrategia" del PSOE de "echar todo contra el consejero" está "fracasando" y de que "los ciudadanos ya no se creen la película".

Por otra parte, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha defendido la adecuación a la legislación de todos los abonos de facturas de la extinta Consejería de Deportes.

Beteta respondía así, en el Pleno de la Asamblea, al diputado socialista Francisco Hernández Ballesteros que se ha interesado por los criterios que se aplicaron para el abono de facturas del departamento que dirigía Alberto López Viejo.

"Como no puede ser de otra manera, se ha hecho conforme a los principios de legalidad, eficiencia y economía que establece la Constitución y el resto del ordenamiento vigente", ha subrayado Beteta.

El diputado socialista, sin embargo, ha expresado sus dudas al respecto porque si no -ha dicho- no se explica cómo consecuencia de esa legalidad y eficiencia se produce el cese "inexplicado" de un consejero y la disolución de la Consejería "para, por si acaso, quedaba algún rastro".

Ello, ha continuado, se hizo cuando se fue conociendo que López Viejo coordinaba la contratación de eventos "en los que participaba la presidenta, porque le gustaba cómo se los organizaba, pero sin título competencial".

Hernández Ballesteros ha hecho una batería de "recomendaciones" al Gobierno regional en torno a este asunto, entre ellas que "empiecen a revisar las facturas una por una y expliquen si todas ellas tienen respaldo presupuestario".

Ha subrayado que su Grupo Parlamentario y todos los madrileños "tienen derecho" a conocer las razones de un cese, de la disolución de la Consejería de Deportes y por las que "determinadas facturas ya no están en la Consejería".

Beteta ha recordado que la gestión del abono de las facturas conlleva la entrega de un bien o la prestación de un servicio, y ha asegurado que cuando un gasto se tramita en firme, "la adecuación a la legalidad del gasto tramitado a cualquier factura está garantizada por la fiscalización de la propia intervención", cuya función -ha dicho- es el examen previo de legalidad del actuar de la Administración antes de la aprobación del gasto correspondiente.

Beteta ha recordado, no obstante, que en aplicación de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid están exentos de fiscalización previa "contratos menores" y que, de acuerdo a la circular de la intervención general, está sujeta a la fiscalización previa el reconocimiento de la obligación.

Este extremo, ha puntualizado el consejero de Economía, conlleva que todos los abonos de la extinta Consejería de Deportes así como los de cualquier otro ámbito de la Administración son, previamente, fiscalizados por el interventor.