Aguirre lleva a tribunales el "tarifazo eléctrico" y rechaza aplicar las ayudas al automóvil de Zapatero

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado hoy presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto de Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, al considerar que el Gobierno lo ha aprovechado "para incluir por urgencia" una fuerte subida de las tarifas eléctricas.

Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha acordado interponer este recurso ante "la subida desorbitada" que ha experimentado el precio de la electricidad y que ha provocado que las Oficinas de Consumo de la Comunidad hayan recibido "miles de quejas" en este sentido.

González ha anunciado, asimismo, que el Gobierno regional ha decidido recurrir la creación y puesta en marcha de una Oficina de Defensa del Consumidor de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), cuya regulación está contemplada en el citado Real Decreto, al estimar que su funcionamiento "vulnera de forma clara" las competencias de la Comunidad de Madrid en la materia.

Según el vicepresidente, el Gobierno regional entiende que "no existe urgencia" que justifique "el ocultamiento de una desorbitada subida de las tarifas eléctricas" como la que se ha producido con este Real Decreto Ley en materia de telecomunicaciones.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo madrileño ha pedido a las compañías eléctricas que "clarifiquen el sistema tarifario" para que el cobro de los recibos vuelva a ser bimensual, como lo era antes, en lugar de mensual, como lo es ahora.

González ha recordado que el Gobierno regional ha denunciado en repetidas ocasiones que este cambio de facturación, a través de lecturas estimadas, no beneficia a nadie y "solo pretendía encubrir una subida de la electricidad muy superior a la anunciada" por el Ministerio de Industria a principios de año.

Según la Comunidad, esa medida ha hecho que se hayan recibido ya casi 10.000 quejas y reclamaciones que llevaron al Ejecutivo regional a abrir un expediente informativo a las compañías eléctricas el pasado 30 de enero para investigar los motivos del incremento tarifario.

Respecto a la creación de la Oficina de Atención al Consumidor que propone el Estado, el Gobierno de Madrid ha considerado que representa "una vulneración de las competencias autonómicas en materia de consumo" y que "podría constituir una injerencia en las competencias de protección al consumidor, transferidas a las comunidades autónomas".

Asimismo, han denunciado que "la demora en la apertura" de esa oficina, que comenzará a funcionar en julio próximo, "dejará en papel mojado su utilidad", dado que el Real Decreto entró en vigor el 25 de febrero pasado y que desde entonces hasta ahora ha habido y sigue habiendo "una avalancha de reclamaciones".

El segundo enfrentamiento del Gobierno de Aguirre con el de Zapatero es en relación a la compra de vehículos. Así, la Comunidad de Madrid ha anunciado que no se sumará al plan de ayudasanunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Debate sobre el estado de la Nación, pero mantendrá su rebaja del 20 por ciento en el impuesto de matriculación.

El titular madrileño de Economía, Antonio Beteta, ha expresado su malestar porque el plan se haya propuesto sin antes haberlo negociado con las comunidades autónomas, que tienen que aportar 500 de los 2.000 euros de la subvención que prevé el plan del Ejecutivo.

Un plan que, a su juicio, es "de una eficacia muy limitada" porque sólo afecta al 30 por ciento de los vehículos, mientras que el 70 por ciento restante no va a ser "susceptibles" de ser favorecidos por estas ayudas.

Beteta ha hecho hincapié en que la Comunidad de Madrid mantendrá la bonificación del 20 por ciento en el impuesto de matriculación que anunció la presidenta del Ejecutivo regional el pasado 29 de abril en la Asamblea madrileña.

Ha recordado, en este sentido, que el coste que tiene esta bonificación para la Comunidad de Madrid es "superior" al plan del Gobierno central, ya que van a ser mayor el número de coches que se beneficien de la subvención madrileña.

Previamente, el ministro de Industria ha avanzado que el Gobierno y las marcas automovilísticas adelantarán desde el próximo lunes, 18 de mayo, 1.500 euros en ayudas directas para la compra de automóviles.

Una cifra que podría incrementarse en 500 euros más en caso de las comunidades que se sumen a esta iniciativa.

En opinión de Beteta, este plan "atenta" contra el sistema de financiación autonómica porque el coste de la subvención se paga este año y el IVA se recuperará dentro de dos, lo cual supone mayor déficit para las comunidades.

No se trata, ha insistido, de un problema "financiero" sino "filosófico", por lo que el Ejecutivo regional va a mantener sus ayudas para impulsar el sector de la automoción ya que, ha opinado, en una situación de crisis económica hay que bajar los impuestos.

Ha explicado que ha ofrecido al ministro su "mano tendida" para un acuerdo por la competitividad de la industria automovilística y para descender los impuestos a la automoción ya que, a su juicio, están pagando "muchos".

Madrid, por lo tanto, "tendrá su propia ayuda" y con efecto retroactivo desde el anuncio de la presidenta madrileña.