Anticorrupción no ve indicios suficientes contra Bárcenas y Galeote para derivar al Supremo el "caso Gürtel"

La Fiscalía Anticorrupción considera que en el momento actual no existen indicios suficientes de criminalidad contra el tesorero del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote, que justifiquen la remisión al Tribunal Supremo del "caso Gürtel", cuya competencia atribuye a los TSJ de Madrid y Valencia.

Así lo expone por tercera vez la Fiscalía Anticorrupción en los informes remitidos a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, que ahora deberán decidir si asumen la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón, después de que éste acordara inhibirse en su favor al hallar indicios contra aforados regionales.

Los informes de la Fiscalía se emiten después de que el TSJ de Madrid consultara si la causa debía ser asumida en su integridad por el Tribunal Supremo al considerar que la parte remitida a Valencia era por los mismos hechos que afectan a aforados madrileños.

Anticorrupción discrepa de este argumento porque sostiene que se trata de dos causas y hechos diferentes y por tanto no cree necesario unificar la instrucción en un solo tribunal como pretendía el TSJ de Madrid.

Tampoco cree que el caso sea competencia del Supremo por los indicios hallado durante la investigación contra Bárcenas y Galeote, a los que Garzón acusaba de haber percibido 1.353.000 y 652.310 euros, respectivamente, de la supuesta trama de corrupción liderada por Francisco Correa, aunque el magistrado de la Audiencia Nacional no les imputó por carecer de competencia para ello por ser aforados.

En dos ocasiones Garzón preguntó si el caso debía ser enviado al Supremo y ahora por tercera vez la Fiscalía reitera que en este momento, y sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción aparezcan más datos, "no concurren indicios bastantes de criminalidad" contra Bárcenas.

La Fiscalía explica que es oportuno esperar a los avances de la investigación, especialmente teniendo en cuenta la abundante documentación aún por examinar, para concluir que las iniciales L.B. aparecidas en algunos documentos intervenidos a la trama corresponden a las de Luis Bárcenas, ya que hasta el momento no se ha podido determinar este extremo con toda certeza.

El fiscal considera que el TSJ de Madrid es competente para investigar los hechos atribuidos a los diputados de la Comunidad madrileña Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamin Martín Vasco, que se habrían cometido, según las diligencias practicadas hasta ahora, en el territorio de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la investigación del TSJ de Valencia se delimitaría exclusivamente a la percepción de regalos por parte de los aforados Francisco Camps y Ricardo Costa de alguno de los imputados en el "caso Gürtel", y sin que conste "una correlación con una concreta actividad de las mercantiles investigadas" de Francisco Correa.

En el informe remitido por la Fiscalía se recuerda que en la causa aparece documentación que parece reflejar la recepción por parte de Camps de distintas prendas de vestir de las tiendas Milano y Forever Young pagadas por el entorno de Correa por un valor de más de doce mil euros, hechos similares a los atribuidos a Ricardo Costa.

La Fiscalía Anticorrupción solicita a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia que tome declaración a los aforados autonómicos.

Por otra parte, el PP considera que el informe de la Fiscalía Anticorrupción niega los indicios de criminalidad contra el tesorero del partido, Luis Bárcenas, y contra el eurodiputado Gerardo Galeote, por lo que se reafirma en la presunción de inocencia de ambos.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local de los populares, Javier Arenas, se ha expresado de este modo en las dependencias del Senado tras participar en la sesión de control al Gobierno y presidir una reunión con los representantes de su partido en la Federación Española de Municipios y Provincias.

A su juicio, y a preguntas de los periodistas, el dirigente del PP ha afirmado que el informe de la Fiscalía Anticorrupción, el tercero desde que comenzó a instruirse la investigación del llamado "caso Gürtel", "señala que no hay indicios" ni contra Bárcenas ni contra Galeote.

Por ello, el PP "seguirá creyendo en la inocencia" de ambos, ha manifestado Arenas.

Bárcenas y Galeote son dos de los cargos del partido supuestamente relacionados con la trama de empresas que hasta hace pocas fechas ha investigado el juez Baltasar Garzón en el llamado "caso Gürtel".

Según consta en el último auto del magistrado, Bárcenas habría logrado más de 1 millón de euros fruto de sus contactos con las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en tanto que Galeote habría ganado más de 600.000 euros por la misma razón.

Por su parte, el Grupo Socialista de Boadilla del Monte ha exigido al Ejecutivo local, del PP, la rescisión por impago del contrato de adjudicación de locales comerciales a empresas propiedad de los imputados en la Operación Gürtel, que fueron cedidos por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

Según las mismas fuentes, la EMSV, cuyo gerente era Alfonso Bosch, imputado en la trama de corrupción, otorgó a la empresa Rústicas MBS del empresario y ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco, también imputado en el caso, la explotación de 32 locales municipales por un canon de 320.000 euros y por un periodo de 75 años.

El portavoz socialista, Pablo Nieto, aseguró que, a pesar del "ridículo" canon (un 11 por ciento del valor del mercado que asciende a 700.000 euros), el Ayuntamiento no ha visto "un solo euro" desde la adjudicación de los locales.

El anterior alcalde y el gerente de la EMSV, Arturo González Panero, y Alfonso Bosch, rebajaron un 75 por ciento el precio de la tasa estipulado en abril de 2008, que pasó de 320.000 a 81.344 euros.

Posteriormente, el Ayuntamiento decidió ser cliente de Ramón Blanco, al que alquiló dos locales para instalar una comisaría y una oficina de la EMSV por los que la empresa involucrada en la trama cobrará 200.000 euros anuales.

"Estas cifras aseguran un beneficio 120.000 euros anuales aunque no alquile ninguno de los 30 locales restantes", calcula Nieto, para quien la revocación del contrato por impago supondrá el ingreso en las arcas municipales de casi un millón de euros anuales.

"La EMSV operaba como un Ayuntamiento paralelo pero sin ninguno de los controles de este y la opacidad era tal que en toda la legislatura la oposición no tuvo acceso ni siquiera a un simple balance financiero de la sociedad", añadió.

En el último consejo de administración de la EMSV, celebrado el día 6 de abril, el alcalde, Juan Siguero, que sustituyó en enero a González Panero, formalizó el cese de Alfonso Bosch a raíz de su imputación en el 'caso Gürtel'.

La dirección también aceptó la dimisión de José Galeote como consejero, y la de su vicepresidente y consejero delegado Tomás Martín.