Guerra política: Ayuntamientos judicializados

Los escándalos y las supuestas irregularidades en los ayuntamientos continúan extendiéndose como una mancha turbia a lo largo y ancho de la geografía madrileña. Un clima de sospechas, enredos e intereses que ha derivado en la imparable judialización de la vida política de la región. El caso Gürtel, que se ha cobrado ya las alcaldías de Boadilla y Pozuelo, aunque ambos ex regidores, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda continúan en la actividad municipal, además de poner en entredicho a tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Martín Vasco, ha supuesto, sin duda, un punto de inflexión en ese estatus que no verbalizado, pero vigente hasta ahora en el juego político de PSOE y PP, que al romperse ha derivado en una desaforada carrera por parte de ambos partidos para tirar de la manta y destapar las vergüenzas del contrario. El PP, el partido más dañado en este batalla legal que se libra en la Comunidad de Madrid, además de preocuparse por mantener abiertos, y debidamente engrasados judicialmente, los conflictos del PSOE en Pinto, Ciempozuelos, Torrejón de Ardoz o Leganés, quiere ahora cobrarse una pieza de caza mayor de las filas socialistas, como es el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro, quien continúa siendo objeto de un sui géneris boicot por parte de Esperanza Aguirre en la Federación Española de Municipios y Provincias. Los populares han puesto en el ojo del huracán a Castro a cuenta de una polémica permuta de terrenos aprobada en su municipio, aunque el marcaje al regidor getafense viene de lejos, poniéndose de manifiesto en más de una ocasión en el Comité regional del PSM, en el que el presidente de la FEMP ha venido a reclamar mayor contundencia a la hora de responder a los ataques de Aguirre. Bien es verdad que, como se ve, las demandas de Castro han encontrado escaso eco, pues tanto Gómez como el resto de alcaldes socialistas parecen no querer entrar en ningún polémico jardín y seguir marcando un perfil bajo en este tipo de confrontaciones. Tal y como ha quedado también de manifiesto en el affair de presuntas irregularidades urbanísticas destapadas en Torrejón de Ardoz en la etapa en que ocupaba su alcaldía la actual número dos de los socialistas madrileños, Trinidad Rollán, un asunto sobre el que el líder del PSM ha pasado de puntillas. En la cuerda floja, no sólo por los enfrentamientos internos de su grupo, camina también el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, asediado por un grupo independiente y minoritario de la localidad, Uleg, que se ha convertido en la peor pesadilla del regido colocándole ante el ojo escudriñante de la Fiscalía Anticorrupción. Unión por Leganés, además de ampliar la denuncia en Anticorrupción del que ya se conoce como “caso Alazar”, que tiene su origen en la contratación por parte de la empresa de comunicación del Ayuntamiento, Legacom, de un servicio de distribución y publicidad que, aseguran, esta “lleno de irregularidades”, quiere poner ahora en manos de la Fiscalía un “oscuro” asunto de seguimientos, realizados por una empresa de detectives contratada por el Consistorio, que habría desembocado en un expediente a un trabajador municipal. Trabajos en los que , según Uleg, el Ayuntamiento podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos por destinar dinero a fines ajenos a la función pública. En la Fiscalía Anticorrupción se encuentran también tres desarrollos urbanísticos de Aranjuez, que adquieren estos días de nuevo notoriedad por participar en ellos la intervenida Caja Castilla-La Mancha, de cuya Asamblea General es miembro el alcalde arancetano y secretario de Política Municipal del PSM, Jesús Dionisio. El regidor, así como su concejal de Urbanismo y el gerente de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda están incluidos en la denuncia que ha sido presentada por el PCE de este municipio sobre posibles irregularidades urbanísticas. En la otra cara de la moneda de este juego judicial, del que pocos consistorios parece que vayan a salir sin mácula, están las continúas denuncias del PSOE en Boadilla, Pozuelo, Galapagar. Torrelodones y más recientemente en San Agustín de Guadalix, a cuyo alcalde del PP, José Luís Pérez, acaban de llevar ante la Fiscalía de Madrid por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Basan los socialistas sus acusaciones en el decreto del alcalde, con un informe contrario del Secretario municipal, ordenando la contratación de un administrativo, en la que, según el PSOE, se habría cometido un “flagrante fraude de ley”. Denuncias, casi todas ellas, que están encontrando el ariete que precisan en los informes técnicos de los “superfuncionarios” municipales, interventores o secretarios, convertidos prácticamente en celosos carceleros de la gestión municipal de unos políticos que, ante el creciente temor de ser judicializados, van camino de convertirse en poco menos que en rehenes de tan insignes Cuerpos del Estado. Realidad que merece un capítulo aparte.