Aguirre podría imponer sus estatutos en Caja Madrid tras rechazarlos la Asamblea de la entidad financiera

La Asamblea General de Caja Madrid rechazó ayer, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional que aprobó el Gobierno de Esperanza Aguirre el pasado diciembre, por lo que ahora el Ejecutivo autonómico podría imponerlos.

De los 296 consejeros generales presentes en la reunión extraordinaria, 157 votaron, en urna, en contra de la propuesta, 87 estuvieron a favor, 51 se abstuvieron y hubo un voto nulo.

Según recoge tanto la nueva ley de cajas regional como la normativa anterior de 2003, al no ser aprobados los estatutos por la Asamblea, el gobierno autonómico podría imponerlos en el plazo máximo de un mes, aunque la caja ha confiado siempre en que la decisión de la Asamblea sea "respetada por todos, sin imposiciones por parte de nadie".

Además del presidente de la entidad, Miguel Blesa, que pidió el voto en contra para la reforma, intervinieron 10 consejeros (tres representantes de CCOO, dos de IU, uno del PSOE, uno de la Asociación de Cuadros y tres independientes), de los cuales ocho se mostraron en contra de los nuevos estatutos, uno a favor y otro en defensa de la abstención.

Ningún representante del PP, ni del Ayuntamiento de Madrid, ni de la Comunidad, tomó la palabra.

Tanto los ocho consejeros que defendieron el rechazo a los estatutos como el del PSOE, que apostó por la abstención, pidieron que se vuelva a la senda del diálogo y el consenso "que ha presidido la entidad en los últimos años".

El secretario de Política Institucional de CCOO Madrid y consejero general, Jaime Cedrún, que habló en la Asamblea, explicó a Efe que han pedido a la Comunidad que reconduzca la situación y no imponga los estatutos porque supondría "judicializar la caja durante los próximos meses".

Los defensores de la postura de Esperanza Aguirre, que no hablaron en la Asamblea, consideran, sin embargo, que la reunión ha supuesto un "acto de rebeldía inconcebible y sin precedentes" en una entidad privada contra una ley de cajas aprobada por un Gobierno "que han elegido los madrileños".

Los cercanos a Aguirre defienden que la nueva ley de cajas es plenamente homologable a todas las demás leyes autonómicas, que "son constitucionales" y denuncian que Blesa lo único que busca es perpetuarse en el cargo.

En contra de esta postura se mantienen CCOO, IU y el PP del Ayuntamiento de Madrid, que aunque en la Asamblea no intervino, ha presentado un recurso contra la reforma de los estatutos porque el nuevo proyecto reduce su representación en los órganos de gobierno de la caja en 46 consejeros.

De hecho, en los tres últimos Consejos de Administración de la caja 14 de sus 21 miembros -los representantes del Ayuntamiento de Madrid, de CCOO, de IU y uno de los del PSOE- han mostrado su firme rechazo a la nueva ley de cajas regional que califican de "anticonstitucional, ilegal e innecesaria" y han dejado abierta la puerta a presentar recursos contra la modificación de los estatutos.

Tras la votación de hoy y a la espera de lo que haga la Comunidad, quedan abiertos dos recursos contra la reforma de los estatutos: el del Ayuntamiento de Madrid y otro del Ayuntamiento de Sevilla.

Además, CCOO ha solicitado al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de cajas regional.

Al respecto de los enfrentamientos y de la polémica surgida en torno a la situación de Caja Madrid, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, consideró hoy que es "lamentable" poner a la entidad en el terreno del debate político permanente, especialmente en una situación de crisis como la actual.