La Comunidad impugna la creación de la Oficina de Defensa Consumidor de la CNE

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido impugnar el Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que regula la creación de una Oficina de Defensa del Consumidor de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre considera que los términos invocados en la norma no justifican la urgencia de la misma a través de un Real Decreto.

Así lo anunció hoy el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y explicó que la creación por parte del Gobierno central de esta Oficina de Atención al Consumidor podría suponer una vulneración de las competencias autonómicas en materia de consumo.

El Gobierno regional sostiene que nada justifica la aprobación, a través de un Real Decreto ley de medidas urgentes, de la Oficina del Consumidor en la CNE.

Según la Comunidad, el Ministerio de Industria se ampara en la situación económica, en los efectos del proceso de liberalización del sector energético, y en la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso para hacer uso de la facultad legislativa excepcional de dictar Decretos leyes.

La Comunidad considera que ninguno de estos motivos justifica la argumentada urgencia, ya que la normativa estatal reguladora del Suministro de Último Recurso todavía no ha sido dictada y se pretende justificar la creación de esta Oficina para solucionar los posibles problemas que se puedan derivar de la entrada en vigor de una normativa inexistente hasta el momento.

El Gobierno regional considera que es difícil que la actuación que se asigne a la Oficina dé respuesta a los problemas que puedan surgir como consecuencia de una regulación posterior.

Por lo tanto dicho Decreto sería anticonstitucional, ya que las motivaciones de urgencia alegadas por el Ministerio no están debidamente justificadas.

El Gobierno de la Comunidad considera que el ministro Sebastián debería explicar a los consumidores qué motivaciones le han movido a cambiar la facturación eléctrica de bimestral a mensual, cuando ni las compañías eléctricas ni evidentemente los consumidores se benefician de dicho cambio.

El vicepresidente hizo hincapié en que el ministro debe dar razones y explicar por qué asegura que el cambio beneficia a los consumidores.