Festín de imputados y una Comisión a ninguna parte

Un pantagruélico festín de impu-taciones y escán-dalos es el que se están viendo obligados a dige-rir diariamente unos hastiados ciudadanos, que bien podrían llegar a pagar a sus políticos con un voto en blanco en los próximos comicios de 2011 el escenario de corruptelas que se proyecta en la Comunidad de Madrid. Imparable es la lista de ful-minados por el “caso Gürtel”, que contabiliza diputados del PP, tres para ser exactos que, eso sí, mantienen el acta, y alcaldes como el de Boadilla, Arturo González Panero, el de Arganda, Ginés López, o el de Pozuelo, Jesús Sepúl-veda, todos ellos ajusticiados como regidores por Espe-ranza Aguirre y fuera ya de las filas del Partido Popu-lar madrileño. Son los pri-meros “chivos espiatorios” (Panero,sic) de las investi-gaciones del juez Baltasar Garzón, que amenazan con no dejar títere con cabeza en los ayuntamientos populares. Una moneda tirada al aire que tiene un reverso socialista, cuyos munícipes comienzan a vivir su particular vía crucis.Los ayuntamientos, de uno y otro signo, van cayendo cual peones de ajedrez sobre el tablero de una partida polí-tico-judicial que se juega en territorios autonómico y nacional, pero que cobra casi todas sus piezas en los muni-cipios.Así, sí Garzón ha coloca-do en la picota a alcaldes y diputados del PP, el TSJM ha hecho lo propio con la núme-ro dos de Tomás Gómez y ex alcaldesa de Torrejón, Trinidad Rollán. Con la ex regidora y con todo su equipo municipal de entonces, entre ellos la hoy diputada autonó-mica Esperanza Rozas, a los que el juez ha imputado por un presunto delito de preva-ricación urbanística. Asuntos judiciales en los que también está inmerso otro ex alcalde, el de Leganés y en la actualidad diputado regio-nal, José Luís Pérez Raez, por supuestas contrataciones irregulares en su etapa como regidor. Todo eso, y también los costosos coches que utili-zan dirigentes como el alcalde de Parla, José María Fraile, que los populares intentan rentabilizar al más puro estilo de lo que hizo el ya presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijó, con su predecesor Touriño. Lo cierto es que ‘el todo vale’ se ha instalado en la política madrileña, en la que se tira con munición pesada ya sea a campo contrario o al propio, como lo demuestra la rapidez con que Aguirre ha cortado las alas a los regido-res de su partido. Mientras, la Comisión de Investigación, como ocurre siempre (ahí están los resul-tados de otras montadas en municipios para demostrarlo), se cerrará con más pena que gloria, sin que el respetable pueda dilucidar si éste espió a aquel o quién fue el uno que mando seguir a tal otro. La única verdad que puede llegar a poner de manifiesto la investigación que se lleva a cabo en el Hemiciclo valleca-no es que todo se ve según el cristal con que se mira. Tanto es así, que las com-parecencias de los ex conse-jeros de Seguridad, Virgilio Cano (en el Gobierno de Leguina) y Carlos Mayor Oreja (en el Ejecutivo de Ruiz Gallardón), negando que en su etapa de gobierno existiera contravigilancia, ni espionaje, ni seguimiento, han dado pié a interesadas y variadas interpretaciones.Para PSOE e IU, las com-parecencias de los ex conse-jeros no hacen más que ratifi-car sus tesis de que la autoría de los seguimientos a cargos políticos nace y finaliza en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Nada que ver con la elaborada interpretación que se defiende desde el Gobier-no autonómico, cuyo vice-presidente, Ignacio Gonzá-lez, ha tejido trabajosamente un argumentario de que las intervenciones de Cano y Mayor Oreja, así como la del actual concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, son “bastante ilustrativas” a la hora de conocer que la estructura de Seguridad de la Comunidad de Madrid tiene su origen en el Ejecutivo de Joaquín Leguina.Claro que González prefi-rió hacer oídos sordos a las crítica lanzadas por el edil de Alberto Ruiz Gallar-dón, que no sólo tachó de “ridículo” el que se pidiera su comparecencia, sino que atizó el fuego autonómico, asegurando que el problema no es cómo está montada la Seguridad de la región, sino el que “se encarguen cosas que no se tienen que encar-gar”. En el serial autonómico por no faltar no faltan ni tan siquiera los capítulos lacri-mógenos, como el protago-nizado por Marcos Peña, supuesto artífice de los “dossieres espiatorios”, que negó, con nudo en la gargan-ta incluido, cualquier belige-rancia o actuación irregular. Una línea, la de la negación, que han seguido todos aque-llos sobre los que recaen las sospechas de montar el ope-rativo espía, como el ex Subdirector General de Seguridad, Miguel Casta-ño, o el desafiante direc-tor de Seguridad, Sergio Gamón, a quien se invo-lucra en la intervención del ordenador del ex con-sejero, Alfredo Prada, y que ha llegado a tachar de “panfletos” los tan traídos y llevados partes de segui-miento. Ante tal escenario, la famosa Comisión de Inves-tigación, que tal parece que tiene los días contados (el PP podría cerrarla tras la comparecencia de Fran-cisco Granados), promete dejar a sus señorías inmer-sos en una interminable batalla de comunicados y contracomunicados sobre lo que ha permitido descu-brir o encubrir. A los ciu-dadanos, simplemente, los dejará con los pies fríos y la cabeza caliente.