Cano y Mayor Oreja contradicen el informe del PP sobre que se puede "vigilar personas" desde 1988

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje, David Pérez, ha repartido hoy documentos que reflejan que el personal del área de seguridad de la Comunidad de Madrid está autorizado a realizar tareas de "vigilancia de personas" desde 1988.

En su comparecencia en la comisión, los ex consejeros que tuvieron competencias de seguridad en los gobiernos anteriores al de Esperanza Aguirre -Virgilio Cano (PSOE) y Carlos Mayor Oreja (PP)- han negado que el cuerpo de seguridad autonómico vigilara a personas durante sus respectivos mandatos.

Pérez, sin embargo, ha mostrado en los pasillos de la Asamblea un informe de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que recopila los convenios colectivos del personal de la Comunidad de Madrid y refleja que el área de servicios generales, de la que depende el área de seguridad, comprende tareas de "vigilancia de personas" desde el convenio de 1988-1991 y en todos los posteriores.

El portavoz del PP también ha hecho público un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1987, firmado por el entonces consejero de Gobernación Virgilio Cano, que "autoriza a los funcionarios públicos que ocupen los puestos de vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid a llevar armas para el ejercicio de sus funciones".

David Pérez ha aseverado que Cano y Mayor Oreja "no han podido explicar por qué los convenios colectivos aluden de forma expresa a la vigilancia de personas", lo que a su juicio "demuestra que se debieron hacer o se podían hacer".

Según Pérez, "todo apunta a que había autorización y cobertura para hacer vigilancia de personas, y los comparecientes no lo han desmentido".

El portavoz del PP se ha mostrado convencido de que los testimonios de Cano y Mayor Oreja han demostrado que el servicio de seguridad de la comunidad de Madrid "no lo ha creado el gobierno de Esperanza Aguirre, sino que el gobierno de Joaquín Leguina lo creó, lo desarrolló y le asignó la utilización de armas y la labor de vigilancia a personas, y el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón lo potenció".

En su comparecencia, el ex consejero del PP Carlos Mayor Oreja ha asegurado hoy que, en los diez meses en que él dirigió las competencias de seguridad de la Comunidad (1999-2000), el cuerpo de vigilantes "exclusivamente vigilaba edificios", mientras que las "labores de contravigilancia las realizaba la policía nacional, que para eso estaba".

Carlos Mayor Oreja, consejero durante los ocho años de gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003), fue responsable de la estructura de seguridad únicamente entre julio de 1999 y mayo de 2000, en la entonces Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, según ha precisado él mismo en su comparecencia.

Mayor Oreja ha explicado que en esa época el cuerpo regional de seguridad era "pequeño" y "exclusivamente vigilaba edificios", al igual que los guardias civiles en segunda actividad que se incorporaron a esa función entre 1995 y 1999, y que estaban "concentrados" en la Puerta del Sol.

El ex consejero ha destacado que la principal novedad en seguridad que se produjo en la época de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón respecto a la que le precedió de Joaquín Leguina fue que, no sólo el presidente de la Comunidad tenía protección, sino que también empezaron a tenerla los consejeros autonómicos.

Gracias a un convenio que se firmó con la entonces delegada del Gobierno, la socialista Pilar Lledó, los consejeros pasaron también a tener un servicio de escolta, formado por policías nacionales que eran los que "hacían contravigilancia", ha dicho.

Mayor Oreja ha afirmado que durante su mandato "claro que no se hicieron dosieres", que el cuerpo de seguridad "no era una unidad sospechosa de nada", y que ese cuerpo sólo era "difícil de gestionar por cuestiones de régimen laboral y de personal".

Tras apuntar que también había vigilantes privados dependientes de cada Consejería, ha señalado que no sabe si durante toda la época de Ruiz-Gallardón se conservó la estructura de seguridad de Leguina, pero ha negado que se "incrementara la plantilla".

Ha apuntado que en sus diez meses como responsable de seguridad "no tuvo que despachar nada" sobre este servicio; ha aseverado que no recuerda "ninguna incidencia", ni nada que llamara su atención; y ha relatado que la unidad de seguridad tenía un "jefe de seguridad al frente y unos jefes de sección, de los que colgaba el cuerpo de técnicos".

Durante su intervención, el diputado popular Juan Soler, ha defendido que el equipo de seguridad de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Ruiz-Gallardón fue heredado de la época de Leguina y que los casos de espionaje denunciados por "El País" "nunca se han podido demostrar".

Ha señalado que en las comparecencias de hoy se aclarará que este cuerpo se creó siendo Joaquín Leguina presidente y que el sistema actual de seguridad "ha tenido el mismo transcurso durante toda la vida de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, la portavoz del PSOE en la comisión, Maru Menéndez, ha agradecido a Mayor Oreja la "rotundidad" de sus respuestas, lo que a su juicio revela que el sistema de seguridad ha funcionado "correctamente" durante los gobiernos de Leguina y Ruiz-Gallardón y que es ahora, con Francisco Granados al frente de Interior, cuando se han dado casos de espionaje y seguimiento.

Según Menéndez, la comparecencia de Mayor Oreja ha dejado claro que, en ningún caso, la Comunidad de Madrid tuvo competencias durante su mandato en seguridad a personas y que no se realizaron labores de contravigilancia o avanzada.

Sin embargo, el diputado popular Juan Soler ha reiterado que el sistema de seguridad actual funciona del mismo modo desde hace 20 años y que, en momentos puntuales, este cuerpo siempre ha ejercido labores de seguridad sobre personas.

"Este departamento estaba creado desde Leguina y ha tenido un trayecto normal hasta el día de hoy, y en algunos momentos ha podido hacer vigilancia de personas, pero no es nada grave que esto sea así", ha subrayado Soler.

Por su parte, el diputado de IU Fausto Fernández ha llamado "canalla" al PP por solicitar la comparecencia de Mayor Oreja, ya que la comisión -ha dicho- trata "un hecho ajeno" al ex consejero.

El segundo compareciente, el ex consejero de Seguridad en el Gobierno de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, ha asegurado que durante su etapa de gobierno (1983-1995) "no se hacía contravigilancia, ni seguimiento de personas, ni ningún tipo de espionaje", y que el "único cargo que tenía servicio de seguridad y escolta" era el entonces presidente regional Joaquín Leguina.

Cano ha subrayado que en su época como consejero de Gobernación "no había medios materiales ni humanos" dedicados a laborales de contravigilancia, seguimiento o espionaje, y que "jamás se realizó un informe ni una nota que no tuviera que ver con las competencias de la Comunidad".

Ha explicado también que en la etapa de gobierno de Leguina no hubo "voluntad política de hacer ningún desarrollo de Policía Autonómica ni nada que se le pareciera", y que existía "bastante consenso" respecto a las competencias de seguridad a las que la Comunidad "se tenía que ceñir".

Durante su comparecencia, Cano ha relatado que las competencias en "seguridad, interior y vigilancia de edificios locales" nacieron en 1983 con un servicio que englobaba Bomberos y Protección Civil.

Ha dicho que estas competencias, que él ejerció durante las tres legislaturas en que fue consejero, fueron las de "coordinación de policías locales" y "vigilancia de edificios de la Comunidad de Madrid", y ha señalado que la dotación de vigilantes se hizo a través de una convocatoria de funcionarios de policía local y que la persona que los coordinaba no tenía cargo de dirección.

"Me alegro de que la Comunidad haya ido evolucionado y se hayan creado direcciones generales y áreas; supongo que se han ido ampliando las competencias, de lo cuál me alegro como autonomista", ha apuntado.


Por otra parte, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha acusado al PP de "vetar" a los comparecientes de la comisión de investigación y de poner trabas a la hora de facilitar la documentación solicitada por los grupos parlamentarios.

Según ha dicho en una rueda de prensa, tras la celebración de la primera sesión de la comisión, el PP "ha hecho el ridículo" al "remontarse a tiempos de Leguina intentando ocultar la trama de espionaje inserta en el seno de un Gobierno podrido".

Gómez considera que la comisión de investigación, que ha comenzado hoy en la Asamblea de Madrid, debe servir para esclarecer "el asunto más sucio que ocurrido nunca en la Comunidad", en relación a los casos de espionaje de altos cargos regionales desvelados por el diario "El País".

Asimismo, la portavoz socialista, Maru Menéndez, se ha mostrado satisfecha por los resultados de esta primera sesión "a pesar del bloqueo y boicot" ejercido por el PP y ha asegurado que cuentan con documentos que van a probar las compras de vehículos y cámaras por parte de la consejería de Francisco Granados para hacer los seguimientos a personas.

La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, ha criticado la actitud "absurda y a la defensiva" del PP en la comisión y ha considera que debería haber comparecido el ex consejero de Interior, Alfredo Prada, para llegar a aclarar los casos de espionaje en la Comunidad de Madrid.

Para Sabanés, la tesis defendida esta mañana por el PP, en la que afirman que la "situación actual responde a gobiernos anteriores", se "ha caído estrepitosamente" y son el "principio de un fracaso muy importante".

Por su parte, el portavoz popular, David Pérez, ha vuelto a criticar la presencia de Tomás Gómez en la Asamblea y le ha acusado de tener centradas todas sus esperanzas políticas en "no en hacer una oposición leal, serena y constructiva sino en el aprovechamiento de la comisión de investigación y de las sospechas que el PSOE lleva mucho tiempo extendiendo".