La Comunidad destinó 13.240 plazas residenciales para dependientes hasta 2009

Hasta el 31 de diciembre de 2008, la Comunidad de Madrid reconoció 13.240 plazas de atención residencial a personas en situación de dependencia e incorporó al sistema casi 2.000 plazas de centro de día, según un informe que presentado al Consejo de Gobierno la consejera de Familia, Engracia Hidalgo.

Según estos datos, la Comunidad es la región con más plazas reconocidas dentro del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (SAAD), y así lo reconoce el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes.

El estudio señala además que el 20 por ciento del total nacional de plazas residenciales del SAAD se encuentran en la Comunidad.

Según el informe, el 66 por ciento de la demanda de servicios y prestaciones en la Comunidad se corresponde con mujeres y el 77 por ciento de los solicitantes reconocidos tiene más de 65 años.

A su vez, el 58 por ciento del total de solicitudes valoradas son de usuarios que superan los 79 años.

En cuanto al grado de dependencia, el 58 por ciento de los usuarios valorados han sido reconocidos como grandes dependientes (grado III), el 22 por ciento como dependientes severos (grado II) y el 11 por ciento con un nivel de dependencia moderado (grado I).

Hasta el 31 de diciembre del pasado año la Comunidad hizo un total de 35.000 reconocimientos de grado y nivel de dependencia, lo que supone el 70 por ciento del total de las solicitudes recibidas hasta la fecha.

El presupuesto destinado desde el Ejecutivo regional a la atención y prevención de la dependencia en 2008 fue de 790 millones de euros, frente a los 68 que aportó la Administración General del Estado, y en 2009 esta dotación presupuestaria supera los 830 millones.

Los Presupuestos Generales del Estado destinan 1.158 millones de euros a la aplicación de la Ley para toda España, además de una aportación adicional de 400 millones de euros de los que a la Comunidad le corresponden 38.

Según el vicepresidente, esto supone que el Ejecutivo autonómico debe financiar el 73 por ciento de los servicios que se prestan a los dependientes, mientras que por su parte el usuario aporta el 15 por ciento del coste total frente al 12 que costea el Ejecutivo central.