La lista de espera de dependencia cae un 22,7% en un año

Las comunidades autónomas recibirán 739 millones de euros adicionales para financiar la dependencia entre julio y septiembre de 2026, según la estimación del Ministerio de Derechos Sociales. La aportación mensual del Estado por el nivel mínimo pasó de 257,5 millones de euros en junio a 516,2 millones en septiembre. El nuevo Panel del SAAD también registra un mínimo histórico de personas en lista de espera y un máximo de beneficiarios con prestación efectiva.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presentó la séptima entrega del Panel del SAAD, herramienta creada en abril de 2025 para analizar trimestralmente la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El informe recoge datos del tercer trimestre de 2026, de junio a septiembre, y es el primero publicado desde la entrada en vigor de la nueva financiación aprobada por el Gobierno.

El real decreto-ley elevó en 6.200 millones de euros la inversión prevista para 2026 y 2027. El aumento corresponde a las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. Los importes subieron más del doble en los grados II y III —un 100% y un 128%, respectivamente— y un 18% en el grado I. Estos dos grados de mayor dependencia reúnen casi a dos de cada tres personas atendidas.

Cómo se distribuye el aumento de financiación

Las nuevas cuantías comenzaron a transferirse el 1 de julio. Las comunidades autónomas ya habían recibido los créditos correspondientes a julio y agosto; el importe de septiembre se abonaría en octubre, a mes vencido. La financiación mensual del nivel mínimo se mantuvo entre 236,9 y 257,5 millones de euros de enero a junio. Después de la aprobación del real decreto-ley, ascendió a 484,2 millones en julio, 506 millones en agosto y 516,2 millones en septiembre.

La cantidad correspondiente a julio y agosto, 990,2 millones de euros, ya se había transferido. Los 516,2 millones de septiembre se recibirían en octubre. Derechos Sociales estima que, en el conjunto de julio a septiembre, las comunidades habrán recibido 739 millones de euros adicionales por el nivel mínimo. El cálculo se basa en las personas con prestación efectiva de cada grado y la diferencia entre las cuantías nuevas y las anteriores; para julio se ponderan 25 de los 30 días, porque las nuevas cantidades se aplicaron durante 25 días.

De los 262 millones de euros de incremento mensual del nivel mínimo, el grado III concentra el 64%, aunque representa el 26% de las personas; el grado II, el 32% del aumento y el 37% de las personas; y el grado I, el 3% del aumento y el 37% de las personas. Así, casi 97 de cada 100 euros adicionales corresponden a personas con mayores necesidades de apoyo. La cuantía del grado II se duplica y la del grado I aumenta un 18%.

La aportación media del Estado por persona con prestación efectiva se situó en unos 295 euros mensuales en septiembre, frente a unos 151 euros en junio: un incremento del 95,7%, pese al aumento del número de personas atendidas. El indicador se calcula dividiendo el importe mensual del nivel mínimo entre las personas con prestación efectiva y promediando entre grados.

Financiación estatal y cambios en el sistema

Al nivel mínimo se suma el nivel acordado, formado por créditos adicionales que el Estado transfiere a las comunidades mediante convenios. Su reparto no depende únicamente del número de beneficiarios: también está sujeto a criterios y variables, así como al cumplimiento de objetivos de gestión, entre ellos reducir las listas de espera y mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales del sector.

Derechos Sociales transferirá este año 904 millones de euros a las comunidades autónomas por el nivel acordado, una cifra récord que podría alcanzar los 970 millones al contabilizar los recursos que reciben Euskadi y Navarra mediante el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, respectivamente. Este nivel de financiación se eliminó en 2012 y se recuperó en 2021. El aumento del nivel acordado, junto con el del nivel mínimo, supondrá que en 2027 el Estado abonará alrededor de 7.240 millones de euros a las comunidades autónomas.

El Ministerio señala que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre, debe contribuir a sostener la mejora de los indicadores. La norma prevé ampliar la cartera de servicios y prestaciones, reducir la burocracia y agilizar los procesos. También establece que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión del sistema de dependencia.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha instado a las comunidades a reducir a la mitad las listas de espera en 2027 y a eliminarlas para 2028. También les ha pedido que destinen más recursos a contratar trabajadoras y mejorar la calidad del empleo en el sector de los cuidados. Los datos de financiación del Estado, desglosados por comunidad autónoma y por nivel mínimo y acordado, están disponibles en este enlace.

La lista de espera cae a un mínimo histórico

La lista de espera disminuyó un 5,7% durante el último trimestre y un 22,7% en términos interanuales: en septiembre había 39.672 personas menos que en septiembre de 2025. El total se situó en 134.734, el nivel más bajo desde que existen registros. Desde 2021, la lista se ha reducido un 56,7%, equivalente a 176.711 personas menos en cinco años.

El descenso se produce mientras aumentan el envejecimiento de la población y la demanda. El Ministerio sostiene que el sistema ha absorbido el incremento de solicitudes y ha mejorado sus resultados. En relación con la población potencialmente dependiente, Murcia presenta la lista de espera más elevada, seguida de Cataluña y Extremadura; Castilla y León registra la más baja, seguida de Aragón y Galicia.

En el último trimestre, Cataluña redujo su lista en 4.973 personas, Asturias en 2.472 y Andalucía en 1.125. En cambio, aumentó en 263 personas en el País Vasco, en 181 en Castilla-La Mancha y en 172 en Cantabria.

La lista incluye tanto a quienes esperan una valoración de grado como a quienes ya tienen reconocido uno y llevan más de seis meses esperando una prestación o servicio, el plazo que establecía la ley para resolver el proceso completo. Tras la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, el plazo máximo queda fijado en tres meses.

Más personas atendidas y menor tiempo de tramitación

En el tercer trimestre, el número de personas con una prestación efectiva creció un 2,4%, con 41.573 nuevos beneficiarios, y alcanzó un máximo histórico de 1.748.901 personas. En un año aumentó un 11%, con 173.219 personas más respecto a junio de 2025, mientras que las solicitudes crecieron un 6,6%. El total de solicitudes llegó a 2.421.624.

Desde comienzos de 2021, las personas con prestación efectiva han aumentado un 61,3%: se incorporaron 664.692 hasta alcanzar la cifra actual. El Ministerio indica que el crecimiento de las prestaciones supera al de las solicitudes.

El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución descendió 21 días durante el último trimestre, la mayor bajada trimestral desde que comenzó el Panel del SAAD. Hasta septiembre de 2026, la reducción acumulada del año fue de 48 días: 27 durante las dos primeras entregas del año y 21 en el último trimestre. El promedio quedó en 293 días.

Por tercer trimestre consecutivo, el tiempo medio de tramitación bajó, aunque sigue siendo la fase más larga del proceso. Derechos Sociales considera que reducirlo continúa siendo uno de los principales retos del sistema y prevé que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad permita agilizar y simplificar los trámites administrativos.

Ceuta registró el menor tiempo medio, con 75 días, seguida de Aragón, con 109, y Castilla y León, con 120. Murcia tuvo el mayor, con 529 días; después se situaron Asturias, con 413, y Andalucía, con 402. Casi todas las comunidades redujeron sus plazos en el trimestre. Extremadura los aumentó en 13 días y Navarra en 12; Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana se mantuvieron sin cambios. Salvo la Comunitat Valenciana, esas comunidades continuaron por debajo de la media estatal. Canarias registró la mayor reducción, con 100 días, seguida de Andalucía, con 33, y Murcia, con 22.

Empleo y condiciones laborales en los cuidados

Según datos de la Encuesta de Población Activa, el empleo en cuidados creció un 8,9% en dos años: pasó de 386.900 puestos equivalentes a jornada completa en diciembre de 2023 a 421.200 en diciembre de 2025. El principal impulso procedió de los servicios sociales sin alojamiento, que sumaron 36.300 puestos, un aumento del 23,6%, hasta llegar a 190.300. El empleo en establecimientos residenciales se mantuvo estable.

Los servicios sin alojamiento ganaron peso en el sector: en diciembre de 2025 reunían 45 de cada 100 puestos de cuidados, frente a 40 en diciembre de 2023. La estimación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 utiliza datos de las categorías CNAE 87 y 88 de la EPA —asistencia en establecimientos residenciales y actividades de servicios sociales sin alojamiento— y calcula el personal de atención directa de primer y segundo nivel en cuidados de larga duración.

El Ministerio vincula el crecimiento del empleo tanto a la reducción de la lista de espera como a la mejora de los servicios, dado que la atención requiere profesionales. Además, estima que en 2030 se necesitarán 260.000 trabajadoras más para atender los cuidados de larga duración ante el reto demográfico de la próxima década. El crédito inicial del nivel mínimo para 2026 aumentó un 85,8%; para 2027 se estima una cifra de alrededor de 6.270 millones de euros.

El sector está altamente feminizado. Según la EPA, las mujeres representan el 87,9% de quienes prestan cuidados y apoyos en residencias y el 91% de quienes trabajan en atención domiciliaria. Entre las personas cuidadoras no profesionales vinculadas a una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el perfil más frecuente es el de una mujer de entre 50 y 66 años. En total, el 71,9% de estas personas cuidadoras son mujeres y el 28,1%, hombres.

Los últimos datos disponibles del INE sitúan el salario medio anual en 19.585,74 euros para las profesionales de residencias —el 66% del salario medio del conjunto de la economía— y en 18.834,42 euros para las de atención domiciliaria —el 64%—. Según el Ministerio, estas cifras equivalen a unos 6,5 euros por cada 10 euros del salario medio de la economía.

Derechos Sociales ha instado a las comunidades autónomas a mejorar las condiciones laborales ante la prevalencia de salarios bajos y precariedad. Sindicatos, patronales y administraciones coinciden en la necesidad de elevar significativamente los salarios. El Ministerio plantea que el aumento presupuestario aprobado permita un acuerdo entre los agentes sociales para actualizar el convenio colectivo, que afecta a decenas de miles de profesionales.

“Mejorar las condiciones laborales no es una aspiración deseable, es una condición necesaria e irrenunciable para mejorar el sistema. No hay mejora posible del sistema sin mejorar las condiciones de las profesionales que cuidan”, ha subrayado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Los informes estadísticos del Imserso sobre el SAAD pueden consultarse en este enlace.

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